El pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional en la que se solicita al Govern balear que, "en el ejercicio de sus competencias en materia de transportes" impulse una iniciativa legislativa con el fin de que se exija a las autorizaciones de vehículos de turismo con conductor (VTC) concedidas por sentencia judicial una autorización específica para que puedan prestar el servicio.

La concesión de estas autorizaciones correspondería a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, en función de lo establecido en la nueva regulación. No obstante, en cualquier caso, según el concejal de Movilidad de Cort, Joan Ferrer, "los ayuntamientos deberían informar previamentre con el fin de valorar si la concesión tiene efectos sobre el servicio público de taxi, la movilidad o el medio ambiente y cualquier otro aspecto que se considere relevante".

Asimismo, se insta al ministerio de Fomento a que promueva la inclusión, en una eventual modificación del reglamento de la ley de Ordenación de transportes terrestres, de un nuevo texto que desarrolle las condiciones aplicables a las autorizaciones VTC concedidas por sentencia judicial en relación al origen, el destino o el recorrido de los servicios".

El presidente de la Federació Empresarial Balear de Transportes, Antoni Bauzá, intervino en el pleno para apoyar la solicitud municipal. Bauzá alertó de que, con las licencias de VTC concedidas por sentencia judicial, habría un total de 1.185 vehículos de estas características en Balears, lo que supone que "por cada dos licencias de taxi habrá una de VTC".