El Ayuntamiento de Palma va a reclamar la asunción de las competencias en materia de violencia machista con el fin de evitar las duplicidades que se dan actualmente e incrementar así la eficiencia de los recursos públicos que las distintas administraciones invierten en la erradicación de esta lacra.
El concejal de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, explicó ayer que esta reclamación se enmarca en las negociaciones para el traspaso de las competencias en materia de violencia de género desde el Govern a los respectivos consells insulars.
En este contexto, el concejal quiere que se reconozca la experiencia del Ayuntamiento de Palma en este campo, ya que desde hace diez años dispone de un servicio de atención integral contra la violencia de género, en el que están involucradas varias concejalías del Ayuntamiento, entre ellas, las de Igualdad, Servicios Sociales y la Policía Local.
Reconoció que en estos momentos la dispersión de competencias entre distintas administraciones "provoca duplicidades, solapamientos e ineficiencia entre los distintos servicios que se prestan".
Por ello, el concejal reivindica que sea el Ayuntamiento de Palma el máximo responsable de la coordinación de las distintas actuaciones y programas contra la violencia machista en la ciudad, al mismo nivel que el Consell de Mallorca lo va a ser en relación al resto de la isla.
La Ley de Capitalidad posibilita que sea el Ayuntamiento quien asuma estas competencias mediante la creación de un consorcio entre las administraciones implicadas. No obstante, no hace falta recurrir a esta figura, puesto que el protocolo de coordinación institucional, prevé que Palma sea una de las unidades de coordinación de las políticas de violencia de género, y que el Consell se haga cargo del resto de municipios de la isla. Lógicamente, el concejal reivindica asimismo que la asunción de estas competencias se dote también económicamente.
En este sentido, Molina explicó que en el pleno del próximo jueves el equipo de gobierno presentará una moción, que buscará también el apoyo de los grupos municipales de la oposición, en la que se insta al Gobierno central a que cumpla con las especificaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Más recursos
En este sentido, el concejal detalló que la moción tendrá un primer punto que hace referencia a los recursos económicos, ya que el pacto contempla el incremento anual en 20 millones de la aportación estatal directa a lo ayuntamientos, así como el aumento en 100 millones de los recursos a las comunidades autónomas para programas contra la violencia machista.
La moción incluye asimismo un segundo punto en el que se solicita que se modifique la denominada Ley Montoro con el fin de posibilitar la contratación de más personas para atender estos servicios, lo que en estos momentos esta normativa estatal, al igual que la denominada regla de gasto impiden. "Queremos que se eliminen las limitaciones existentes ahora para poder contratar personal para atender mejor a las víctimas de violencia de género", reivindicó Molina.
