¿Ser reelegido presidente de la Federación de Vecinos a mitad de legislatura es positivo o negativo? Lo pregunto por la diferencia temporal entre el mandato político y el vecinal.
Creo que es una oportunidad, en la que haremos una crítica constructiva de las actuaciones de Cort hasta el final de legislatura. Pero no nos limitamos a criticar, sino que también presentamos propuestas. Coincide además con un cambio de alcalde y, aunque es un mandato compartido, cada uno tiene sus particularidades y prioridades de gobierno.
El último pleno del verano fue histórico para la Federación, porque se aprobó su iniciativa popular sobre la prohibición del alquiler turístico en pisos en la ciudad. Sin embargo, el equipo de gobierno no lo tiene tan claro. ¿Qué harán si no cumplen?
Es la primera vez en la historia de Cort que el pleno aprueba una propuesta no presentada por un partido, sino por la ciudadanía. Haremos lo posible y lo imposible para que se cumpla. El PSOE se abstuvo y dijo que condicionaba la medida a informes técnicos. Sin embargo, el alquiler turístico no tiene que estar sometido a ningún informe técnico. Un edificio o una carretera sí los necesita, pero la prohibición de alquilar a turistas debido a la carencia de viviendas para residentes es una voluntad ciudadana. Un equipo que se hace llamar el Govern de la Gent lo que debe hacer es cumplir los acuerdos municipales, más aún si emanan de la voluntad popular. Esto se llama democracia.
Otra petición vecinal en la que el Pacto se está echando para atrás es que la ordenanza de ocupación de la vía pública delimite un paso mínimo de tres metros de acera para peatones. Alegan que las terrazas se deben adaptar a las distintas zonas. ¿Está de acuerdo?
Pedimos tres metros porque una persona necesita un metro como mínimo para transitar, más otro metro para quien venga de frente, a lo que hay que sumar más espacio para quienes caminan con niños, carritos, maletas, sillas de ruedas, muletas... El objetivo de solicitar tres metros es doble, que haya movilidad en las calles y plazas, y evitar la masificación. Sin embargo, queremos llegar a un consenso, por lo que pedimos esta anchura libre de terrazas en el centro, donde el problema es más grave. En los barrios no hay una necesidad imperiosa de dejar ese espacio, porque no hay tanta movilidad ni masificación. Las zonas turísticas, como la Platja de Palma, Can Pastilla o Cala Major, necesitan una regulación aparte, porque tienen particularidades muy diferentes al resto.
¿Cuántas terrazas hay?
En la Federación de Vecinos hemos calculado que casi 1.800. Cort al principio decía que 900, después 1.300 y ahora dicen que 1.650. No estamos en contra de las terrazas de bares y restaurantes, pero las queremos reguladas y donde la prioridad sea el peatón, no el empresario. El consistorio debe crear calles y plazas para los ciudadanos, no para poner mesas y sillas. Si caben, bien. Si no, no son imprescindibles.
Cort quiere consensuar la nueva ordenanza con el PP y Ciudadanos para que no vuelva a ser modificada en próximas legislaturas, ¿qué opina?
En este tema han demostrado que no defienden los intereses generales de la ciudadanía, sino sectoriales, y nosotros estamos en contra de la mercantilización del espacio público. El PP aprobó una ordenanza de ocupación de la vía pública el pasado mandato sin ningún acuerdo con la oposición ni participación vecinal. Los que están gobernando ahora han sido elegidos para tomar decisiones.
¿Qué otros cambios piden?
Durante más de un año, nos hemos reunido en una mesa de trabajo y hemos consensuado la prohibición de los antiestéticos cerramientos. Solo se permitirán parasoles. También se tendrá que especificar en el exterior de cada negocio el número total de mesas y sillas que tienen autorizado y en el suelo se deberá marcar el límite de la terraza. Ahora solo lo hace el 30% de los bares y restaurantes, pese a que la actual ordenanza también lo contempla. La que está en vigor tiene cosas buenas que no se cumplen y provocarían un efecto muy beneficioso.
Otro reto de la Federación es lograr la gestión ciudadana de los Casals de Barri, tal y como prometió el Pacto. ¿Hay falta de interés político?
El proyecto está embarrancado por motivos de asesoría jurídica del Ayuntamiento, pero pedimos a voces que lo impulsen, porque está en el ADN de las entidades vecinales gestionar sus propios centros socioculturales, ya que sus intereses son en beneficio del barrio mientras que las empresas solo tienen intereses económicos. El 15 de septiembre tenían que publicar las nuevas bases para empezar en enero de 2018, por lo que llegamos tarde a uno de los principales proyectos del Pacto para esta legislatura.
¿El Pacto está incumpliendo muchas promesas?
En general, les falta decisión y osadía. El activismo que tenían cuando estaban en la oposición no se ha trasladado a normas de gobierno ahora que están al frente del Ayuntamiento.
Los movimientos vecinales están siendo muy activos en los últimos tiempos, ¿se debe a eso?
Esperaban e incluso ansiaban la toma de decisiones por parte de un gobierno de izquierdas y esa falta de determinación es la que ha espoleado el dinamismo de los movimientos vecinales. Son los que más concienciados están de las carencias ciudadanas, ya que las detectan a pie de calle.
¿Qué necesita un barrio para que sea tenido en cuenta?
Una asociación de vecinos que sea activa, plural, responsable y representativa. Que sea capaz de aglutinar todas las demandas del barrio y trasladarlas de forma efectiva a las administraciones. La implicación de los residentes a través de una entidad vecinal es muy beneficiosa. Cuando hay gente concienciada, obtienen una mayor respuesta por parte del Ayuntamiento. Hay barrios que tienen carencias de todo tipo y no les hacen caso debido a que nadie protesta. El movimiento vecinal es el canal más adecuado, desde mi punto de vista, para reclamar lo que es de justicia, es decir, que todos los barrios sean tratados de forma igualitaria.
