La patronal Aptur, que defiende a los propietarios de las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, trasladó ayer su "preocupación" al alcalde, Antoni Noguera, ante la posible prohibición en Palma de esta modalidad de negocio. El presidente de la asociación, Joan Miralles, se reunió con el primer edil y el concejal de Urbanismo y Modelo de Ciudad de Cort, José Hila, y les explicó las bondades del arrendamiento turístico, ya que "democratiza los ingresos a la vez que tiene un impacto positivo en la oferta complementaria en todo el territorio, algo que parece que olvidan los actuales gobernantes", según informaron después en un comunicado de prensa.
Por parte del equipo del Pacto en el Ayuntamiento, indicaron a la patronal que tienen entre sus prioridades garantizar el derecho al "acceso a una vivienda digna y luchar contra la economía especulativa de los grandes tenedores", como destacaron. Miralles alertó de que "la intención de Cort de evitar la economía especulativa se puede traducir en una detención de la actividad económica de la clase media", según argumentó el portavoz de los propietarios, que reconoció su temor respecto a las propuestas municipales sobre la regulación del modelo turístico que se ha extendido por Palma en los últimos años.
Añadió que la asociación "está intentando negociar la regulación del sector", aunque no quiere de ningún modo la prohibición total, como se está planteando Cort. No obstante, desde el Ayuntamiento indicaron que quieren "avanzar por la vía del diálogo y el consenso". En estos momentos, están a la espera de "informes técnicos" con el fin de elaborar la zonificación exigida por la ley del Govern que se aprobó este verano. El citado informe debe determinar en qué barrios se pueden alquilar pisos a turistas y en cuáles no. También cabe la posibilidad de declarar Palma zona única y prohibir el arrendamiento en toda la ciudad.
