El Ayuntamiento de Palma recibió ayer la comunicación oficial del aplazamiento de las órdenes de desahucio para 45 viviendas de Son Banya que debían ejecutarse hoy. Los juzgados aun no han fijado una nueva fecha límite para cumplir con estas sentencias, según indicó ayer Cort.

El Ayuntamiento, con informes de Bienestar y de la Policía, había solicitado a principios de verano un aplazamiento de estas órdenes de desalojo, hasta el primer trimestre de 2018.

La regidora de Bienestar Social, Mercè Borràs, valoró positivamente esta suspensión. "Nos permitirá tener un margen de tiempo más amplio para tener listo todo el dispositivo que facilite el realojo de las familias que no disponen de viviendas alternativas ni de medios económicos para conseguirlas", indicó Borràs. El Ayuntamiento tiene previsto ayudar a 15 familias en esta situación, más otras que sin orden inminente de desalojo han pedido la intervención de Cort para poder salir de Son Banya. El equipo de gobierno quiere que en 2020 este asentamiento haya desaparecido.

El Ayuntamiento estudia ahora cómo desalojar el poblado y demoler las casas para evitar que sean ocupadas de nuevo.

Contactos con los afectados

Durante este pasado mes de septiembre, los técnicos de Bienestar y Derechos Sociales ya se han reunido con una docena de familias.

El actual proyecto de desalojo prevé conceder a las familias sin alternativa una ayuda económica de hasta mil euros, con los que deben pagar un alquiler. La paga estará condicionada a que los beneficiarios participen en los programas de inserción que marquen los servicios sociales.

En 2008, con el primer proceso de realojo impulsado por el equipo de Aina Calvo, salieron unas 16 familias del poblado, de las que trece aun dependen de las ayudas municipales para vivir.