Casi diez años después, el Ayuntamiento de Palma sigue ayudando económicamente a trece familias que salieron de Son Banya en 2008. A diferencia de las que deberán abandonar el poblado en los próximos meses, las del anterior plan de realojo consiguieron una vivienda social y una prestación económica que también perdura.
Por las condiciones que se pactaron, la dependencia de esas trece familias se mantendrá entre 10 y 15 años más, según confirmó ayer Joan Antoni Salas, director general de Bienestar y Derechos Sociales de Cort. Esas familias, realojadas con el anterior proceso, impulsado por el entonces concejal Eberhard Grosske, se acogieron a un plan con criterios diferentes a los actuales y en una época en la que había disponibilidad de viviendas sociales, según recordó ayer Salas.
Así, años después de ese realojo, el Ayuntamiento sigue subsidiando al 85% de las familias, que cuentan con un plan de actuación que incluye una ayuda económica, confirmó el director general. Ese número concuerda con los 13 casos de éxito a los que se ha referido la concejala Mercè Borràs al hablar de experiencias previas de realojo.
Pactar el nuevo realojo
Mientras, siguen las reuniones tanto con quienes han de desalojar sus viviendas de Son Banya antes del fin del primer trimestre del próximo año como con quienes aun no tienen orden de desahucio pero han solicitado la ayuda de Cort para abandonarlo. Durante este mes de septiembre, Bienestar y Derechos sociales ha mantenido reuniones con doce familias. Sobre la actitud de las familias obligadas a dejar su vivienda, Salas comenta que "ven que hay una fecha definitiva y que se tienen que preparar para salir, que va en serio".
Sin embargo, el director general de Bienestar no esconde que para estas familias "es traumático" que la ayuda que les ofrece el Ayuntamiento no sea de por vida, como pensaban que serían sus viviendas en Son Banya. La "batalla" con estas personas consiste en "desmontar su idea de que el poblado era suyo" y que tienen que ajustarse a otro modo de vida.
Joan Antoni Salas recordó que quienes se quieran acoger a la ayuda de Cort, que supondrá recibir hasta 1.000 euros al mes durante cinco años como máximo, tendrán que entrar en programas normalizados, como los de inserción social y de escolarización de los niños "y tendrán que hacer un esfuerzo".
Los técnicos de Cort trabajan en el plan de ayudas a las familias, para encontrar el modo de pagar directamente las facturas a Gesa y Emaya, recibos que se incluirían dentro de los 1.000 euros ofrecidos, aseguró Salas.
También se está estudiando, y en principio se ve con buenos ojos, que las familias de Son Banya destinen la ayuda económica a pagar la hipoteca de una vivienda, en vez de un alquiler, anunció el director general.
Las familias que deben desalojar sus casas son 45, pero muchas de ellas tienen otras propiedades, por lo que son quince las que requerirán ayuda del Ayuntamiento. A estas se sumarán, según publicó este diario hace semanas, otras diez familias que habían comunicado a Cort su deseo de salir del poblado.
Son Banya se creó hace 40 años como el barrio de Son Riera para erradicar el chabolismo de parte de la ciudad. Como consecuencia de acuerdos, el Ayuntamiento asume el mantenimiento del poblado y paga los suministros básicos de las 117 familias que viven allí, lo que le supone un coste de 800.000 euros anuales.
