Otro revés judicial contra Cort a cuenta de la fachada marítima del litoral de Llevant. El Tribunal Superior de Justicia de Balears acaba de dar la razón a Endesa y ha condenado al Ayuntamiento de Palma a abonar a la compañía eléctrica 1,2 millones correspondientes a distintas facturas de las obras de reurbanización.
El tribunal estima que, una vez anulada la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma en la que se basaba la ejecución de las obras de urbanización de la fachada marítima, comporta asimismo la invalidez de las liquidaciones cursadas por el Ayuntamiento primero a la sociedad Josel S.L. y ahora, una vez anulado también el contrato de compraventa, a Endesa.
La junta de gobierno del miércoles de las semana pasada se dio por "enterada" de la citada sentencia, aunque en la comparecencia posterior de la portavoz del equipo de gobierno para dar cuenta de los acuerdos no se hizo ninguna mención al fallo.
Por ello, la portavoz del grupo municipal del PP, Margalida Durán, y la concejala de este partido en Cort, Lourdes Bosch, criticaron "la falta de transparencia del equipo de gobierno" y solicitaron al actual alcalde, Antoni Noguera, y al responsable de Urbanismo, José Hila, que "den la cara" ante el "fracaso millonario de la fachada marítima".
Al respecto, recordaron que otra sentencia del pasado mes de marzo anula el proyecto de reparcelación, lo que puede suponer que el Ayuntamiento tenga que indemnizar a Endesa con el equivalente a 46 millones como consecuencia de tener que recalcular de nuevo la edificabilidad que se traspasa desde la primera línea a la segunda y tercera del Nou Llevant.
Durán censuró que "el equipo de gobierno se olvidase de hacer mención a la recepción de esta nueva sentencia condenatoria" y denunció que "una vez más sean los palmesanos los que tengan que pagar de su bolsillo la pésima gestión de los pactos de izquierdas".
Advertencias reiteradas
Por su parte, la concejala Lourdes Bosch lamentó que los gobiernos de izquierda no hicieran caso a su partido cuando, de forma reiterada, alertaron sobre la ilegalidad de la modificación puntual del Plan General que afectaba a la fachada marítima del Litoral de Llevant.
Esta modificación, en síntesis, cambia el uso de los solares de primera línea situados junto al edificio de Gesa, que pasaban de tener que ser considerados residenciales con la posibilidad de construir viviendas de lujo a ser calificados como equipamiento y espacio libre público.
