Can Pere Antoni dejó de lucir ayer la Bandera Azul debido a la presencia en la playa de plásticos semiquemados. La entidad que otorga este distintivo ha decidido retirarlo porque "no puede avalar la calidad que representa" y lo ha hecho tras haber recibido "quejas de varios usuarios" relacionadas con los residuos que este verano han proliferado sobre todo en la playa urbana situada enfrente del Palacio de Congresos y el antiguo edificio de Gesa.
Argumenta que "la llegada de plásticos parcialmente quemados supuestamente asociados al uso de escorias en las obras de ampliación del puerto" supone un incumplimiento de uno de los criterios de la organización para conceder la Bandera Azul. En concreto, la asociación exige que las aguas de baño garanticen una total "ausencia de vertidos de aguas residuales industriales, así como cualquier otro vertido no autorizado o que contenga sustancias contaminantes y afecten o la playa o a su entorno", según se lee en la guía de interpretación de dichos criterios.
La concejalía de Ecología del Ayuntamiento también afirma que "todo indica que esta llegada excepcional de fragmentos de plásticos semiquemados tiene relación con las obras del puerto, responsabilidad de la Autoridad Portuaria". Recuerda que dichos trabajos de "relleno con escorias procedentes de la incineración de residuos se paralizaron el pasado julio, por lo que desde entonces la llegada de plásticos parcialmente quemados se ha ido reduciendo de forma progresiva". Según el área dirigida por la regidora Neus Truyol, "en estos momentos, con las actuales condiciones del mar, la llegada a la playa de Can Pere Antoni es muy puntual".
De todos modos, la asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac), es decir, la que otorga las Banderas Azules, no retornará el distintivo hasta que se solucione el problema. Sus inspectores comprobarán in situ si continúan apareciendo en la zona residuos inquemados, los que quedan si la combustión no se realiza completamente. Ello no es óbice para que Adeac resalte que el agua mantiene una calidad y salubridad "excelente" en base a la directiva europea de calidad de las aguas de baño, así como a las analíticas llevadas a cabo por el Govern balear.
Muestras de fragmentos
Especialistas de la concejalía de Ecología han recogido muestras de fragmentos semiquemados y están haciendo un seguimiento desde que se detectó su presencia en Can Pere Antoni y otros puntos del litoral para "documentar esta incidencia excepcional y poder fundamentar un informe exhaustivo". Asimismo, los servicios de limpieza de la playa recogen estos y otros residuos a primera hora, por lo que es más habitual ver los desperdicios al atardecer, cuando las corrientes marinas los han acercado hasta la orilla de la playa. Cort remitirá dicho informe a la conselleria de Medio Ambiente del Govern y a la Fiscalía.
Además, la dirección general de Residuos abrió un expediente sobre el caso y pidió información a la Autoridad Portuaria respecto al material usado en las obras de ampliación del muelle de Ponent del puerto. También ha redactado un informe, que ha remitido este agosto al organismo estatal, el Consell de Mallorca y la empresa concesionaria de tratamiento de residuos Tirme; y está estudiando las alegaciones presentadas por las tres entidades para tomar una decisión, ya que por ahora el puerto tiene prohibido utilizar el citado material de relleno, tal como recordaron ayer desde la conselleria de Medio Ambiente.
Paralización
Todo comenzó en junio con una denuncia del colectivo Mallorca Bluedenuncia del colectivo Mallorca Blue, quien alertó por las redes sociales de que una veintena de camiones de Tirme vertió durante semanas "toneladas de material altamente contaminante". Según advirtieron, se utilizaron cenizas y escorias para rellenar el muelle, un hecho que enseguida negaron tanto la Autoridad Portuaria como la concesionaria. El grupo ecologista GOB también se sumó a la denuncia y exigió paralizar las obras por el riesgo ambiental y para la salud que podía suponer, como dijeron basándose en un documento del Gobierno.
"Por precaución", la conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca -responsable política de la incineradora de Son Reus- frenó la salida de escorias de la planta gestionada por Tirme con el fin de aclarar si el proyecto de ampliación del muelle destinado a cruceros cumple los requisitos ambientales necesarios para una obra de estas características.
Ahora el caso está en manos del Govern y de la Fiscalía de Medio Ambiente, que en septiembre tendrá que investigar si existe un delito medioambiental, tal como le pidió el GOB a principios de mes.
Los ecologistas consideran que el vertido de escorias y restos de plásticos semiquemados es un "escándalo", ya que esos residuos "tendrían que desaparecer totalmente si la incineración se hiciera con todas las garantías", algo que no ha ocurrido, según denuncian el GOB y Mallorca Blue.
