El Ayuntamiento estudia cómo sacar de Son Banya y realojar a 25 familias gitanas, quince que deben ser desalojadas el próximo 5 de octubre (como ya se había anunciado) y otras diez que han pedido abandonar el poblado por voluntad propia. El principal problema, sin embargo, no es el presupuesto, sino encontrar viviendas disponibles en Palma cuyos propietarios accedan a alquilárselas, manifiesta Joan Antoni Salas, director general Bienestar y Derechos Sociales. En estos momentos, la disponibilidad de viviendas sociales "es mínima", reconoce Salas.
En total, hay 45 viviendas con orden de desalojo. Si no hay aplazamiento judicial hasta el primer trimestre de 2018, tal como ha solicitado Cort, 15 familias no tendrán alternativa para vivir y habrá que buscarles un techo. A estas se añadirán, al menos eso es lo que estudian los técnicos municipales, otras diez familias que han solicitado al Ayuntamiento ayuda para salir de Son Banya.
En el poblado viven 117 familias, que suman un número indeterminado de personas, entre 450 y 600 personas. Lo que sí se sabe con seguridad es que 193 son niños. El coste de mantener este poblado, creado en los 70, le supone al consistorio palmesano un gasto anual de 700.000 euros, una "herencia" de contratos sobre la que Salas se muestra "dispuesto a discutir". En los últimos días, Cort ha recibido críticas tanto por mantener el poblado como por financiar el realojo de familias desahuciadas de allí. "Económicamente, nos costará lo mismo ayudarlos, pero habrá una fecha de caducidad. En cambio, ahora, la aportación es de forma indefinida. Al final, al Ayuntamiento le saldrá más económico y mejor socialmente", se defiende el director general de Bienestar.
El programa de inserción
Cada familia que se acoja al programa de realojo tendrá que aceptar unas condiciones. Se les hará un seguimiento semanal, o diario, dependiendo de su situación, de la escolarización de los niños, de si los padres tienen trabajo... Para ello, el actual equipo de educadores y trabajadores sociales se ampliará con dos profesionales más, con lo cual serán ocho personas las encargadas de la supervisión de la integración. Se evitará que coincida más de una familia en un mismo bloque de pisos.
Su realojo dependerá de la disponibilidad de viviendas del Patronato Municipal, del Ibavi, de la Oficina antidesahucios y de ayudas económicas directas, avanza Salas, aunque este última posibilidad no se ha presupuestado.
El Ayuntamiento tiene solo dos o tres viviendas sociales disponibles en estos momentos, por lo que Joan Antoni Salas asegura que tendrán que buscar en el mercado de alquiler: "Somos conscientes de las dificultades para encontrar propietarios que quieran acoger a familias de Son Banya. El Ayuntamiento tendrá que dar garantías a los dueños". Dichas garantías cubrirían desperfectos o el impago del alquiler, matiza Salas.
Ante las críticas y la desconfianza que ha generado la reubicación de los vecinos de Son Banya, el representante de Cort recuerda que en anteriores realojos "no ha habido problemas graves", aunque inmediatamente después especifica que "es verdad que era gente que quería irse".
La opinión de los gitanos
"Hay personas que no son dignas de una ayuda ni de nada, pero a los honestos hay que darles un techo si les quitan el suyo, allanarles el camino", opina Gabino Pérez, representante de la Asociación Gitana Progresiva. Pérez asegura que "todos saben a quién sí y a quién no hay que tender la mano" dentro de Son Banya y lamenta cuando en los medios de comunicación se relaciona delincuencia y droga con "la etnia gitana". "Nos pegan un mazazo y nos meten a todos en el mismo saco", añade.
El representante de la asociación gitana rememora la evolución de Son Banya. "En un principio vivían familias gitanas bastante bien miradas y respetadas. Trabajaban en el puerto, arreglando carreteras, se ganaban el pan... Son Banya empezó a cambiar cuando se hizo el supermercado de lo que todos sabemos. Es un cáncer para la sociedad".
Coste de la demolición
La demolición de cada una de las 45 viviendas está presupuestada en unos 15.000 euros, unos 675.000 en total, pero el Ayuntamiento baraja la posibilidad de demolerlas por isletas, independientemente de si hay que desalojarlas inmediatamente o no. Esta opción sería más económica, más rápida, aunque implicaría redistribuir a las familias que todavía no tienen orden de desalojo, apunta el director general de Bienestar. La fecha límite es el año 2020.
Joan Forteza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, se declara partidario de la integración de estas familias en diferentes barrios porque es una cuestión "de asistencia social, de casi beneficencia". Pero sí remarca que no se trata solo de conseguirles una casa, exige un plan más allá, a largo plazo, y sobre todo, evitar que el negocio de la droga acabe trasladándose a otros barrios.
Esta cuestión, confirma Joan Antoni Salas, ha sido planteada ante representantes de la Policía Nacional: "La respuesta que nos han dado es que a su trabajo de persecución no le afecta que estén dispersas las familias", explica.
Tanto Forteza como Pérez critican que la desmantelación de Son Banya, a pesar de ser un plan que se remonta varias legislaturas, ha sido aparcada. "Da la sensación de que nadie lo pueda afrontar por el coste político que tiene", añade Forteza. Pérez también cree que es cuestión de "política pura", ya que "ayudar a familias de Son Banya puede restar votos". Aun así, "el Ayuntamiento tiene la obligación de asistir a esta gente", concluye.
