El Ayuntamiento tardará varios meses en poder ejecutar la demolición del monumento al crucero Baleares de sa Feixina, pese a que ahora ya no hay ningún inconveniente de carácter patrimonial que impida su derribo.

Tal como ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Susanna Moll, al término de la junta celebrada esta mañana, una vez que Cort reciba la notificación del Consell de Mallorca en el sentido de que el monolito no está catalogado, lo que ocurrirá antes del próximo viernes, día 21, "procederemos a retomar el expediente de demolición", que fue paralizado el 13 de abril de 2016, tras la incoación por parte del Consell del expediente de protección.

En estos momentos el Ayuntamiento debe responder a las más de 500 alegaciones presentadas por particulares y entidades al proyecto de demolición, lo quepodría procucirse, según Moll, en una de las próximas juntas de gobierno municipal a celebrar antes de las vacaciones de agosto. La concejalía de Cultura ya tiene muy avanzadas las respuestas a las alegaciones, por lo que, una vez aprobadas o rechazadas, se procederá a su notificación a los interesados.

Finalizado este proceso, que podría estar ultimado en el mes de septiembre, el departamento de Contratación, que dirige la teniente de alcalde Aurora Jhardi, iniciará la licitación de las obras. Dada la cuantía de la intervención (160.000 euros) se debe realizar un concurso público que, en condiciones normales y teniendo en cuenta que en esta ocasión no se debe publicitar en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea, puede durar entre "un mes y medio o dos".

Según el responsable de Infraestucturas, el concejal Andrés Romero, tal como estaba previsto, los gastos de la demolición se cargarán en una partida genérica de Parques y Jardines, por lo que, en principio, y tal como confirma también el concejal de Hacienda, Adrià García, no será preciso aprobar ninguna modificación de crédito.

Por el momento, no hay ninguna resolución judicial que implique la parilización del proceso de demolición, aunque Moll, advirtió que, lógicamente, "todo se va a hacer dentro de la más estricta legalidad".