La denuncia ante este organismo estatal fue formulada por los grupos municipales del PP y Ciudadanos, después de que el concejal de Movilidad y presidente de la SMAP, Joan Ferrer, comunicara en mayo de 2016 al consejo de administración de la empresa su decisión de retirar la tarjeta a nueve concejales de la oposición que disponían de ella "por el uso indebido, excesivo y no justificable". En concreto, explicó los casos, a su juicio "sangrantes", de los concejales del PP Fernando Rubio y Álvaro Gijón. Como consecuencia del control realizado se comprobó que la tarjeta de la concejala del PP, Antònia Roca, había sido duplicada fraudulentamente por un empleado de la SMAP -que fue despedido- y utilizada por una persona totalmente ajena a la sociedad municipal, sin que ella la hubiera empleado nunca.

Por ello Ferrer pidió disculpas en su momento a la concejala conservadora, al tiempo que abría una investigación interna que se saldó con el despido del empleado que supuestamente había duplicado la tarjeta, un hecho negado por el afectado y por el que ha presentado un recurso ante los tribunales de justicia.

Ferrer, que conoció el viernes la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, anunció ayer que los servicios jurídicos de la empresa municipal están estudiando recurrir la resolución de del organismo estatal, que calificó de "sorprendente", puesto que en ningún momento se revelaron datos personales, matrículas ni personas ocupantes de los vehículos, sino que se desvelaron los movimientos registrados por las tarjetas concedidas a los concejales en apoyo de su trabajo como representantes públicos. Asimismo, explicó que la decisión se adoptó después de comprobar que las tarjetas se habían utilizado por cuestiones distintas al trabajo de concejal, puesto que se registraron movimientos "a horas intempestivas e incluso durante días". Para Ferrer, los usos que se hacían "iban más allá de la honorabilidad y la racionalidad", insistió el concejal, quien reiteró que, en la información dada a los miembros del consejo de administración de la SMAP, recogidas por este periódico, "no se dieron datos privados, ni de matrículas de vehículos, ni de ocupantes, ni se habló de hechos fraudulentos, sólo de usos excesivos".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Margalida Durán, negó que los concejales de su partido utilizaran la tarjeta para usos distintos a los relacionados con su trabajo en Cort como representantes de los ciudadanos. Asimismo, recordó que " se demostró que los datos dados a conocer en su momento por Ferrer sobre el uso del estacionamiento gratis por parte de los concejales Rubio, Gijón y Roca, eran falsos, por lo que, si ahora la Agencia de Protección de Datos le impone una multa, debe abonarla de su bolsillo".

Para Durán, además, el concejal socialista debe dimitir si se confirma la sanción, puesto que se demostrará "que Ferrer utilizó datos que no podía divulgar".