El Ayuntamiento de Palma completará la regulación del alquiler turístico vacacional en edificios plurifamiliares, que se tramita en estos momentos en el Parlament, con un denominado Plan de Establecimientos Turísticos, que se incorporará al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, con el fin de evitar que la proliferación de plazas en hoteles y apartamentos afecten también al precio de las viviendas.

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, explicó que el plan determinará en qué zonas se permitirán más plazas turísticas y de qué características y en cuáles no. Con esta medida se pretende aprobar una regulación similar a la acordada en por el Ayuntamiento de Barcelona.

La anterior es solo una de las acciones que, a juicio del teniente de alcalde, se deben incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana con el fin de que, a corto y medio plazo, se alcance el objetivo de pasar el 1% actual de viviendas de protección oficial al 10%. Explicó que en estos momentos Palma cuenta con 170.000 viviendas, de las cuáles solo 1.500 son de protección, lo que apenas alcanza el 1%. En Barcelona, por ejemplo, el porcentaje es del 1,5%.

Con el fin de alcanzar el objetivo del 10% se van proponen varias medidas, entre ellas, la adquisición de viviendas por parte del Ayuntamiento con el fin de incrementar el parque de vivienda pública actual. Noguera explicó que en los presupuestos del próximo año ya se incluirá una partida con este fin, probablemente con dinero procedente de los fondos de capitalidad. Si bien no se sabe de qué cantidad se va a disponer, el director general de la Vivienda, Francisco Cifuentes, calculó que si se incluye un millón se podrían adquirir entre 30 y 40 viviendas con precios comprendidos entre los 25.000 y 40.000 euros.

También se pretende incrementar el número de viviendas de particulares incluidas en el programa Palma Habitada. Para ello, se prevé incrementar hasta 700 euros mensuales el límite del alquiler que pueden solicitar los propietarios. En esta misma línea, se está negociando con BMN la incorporación a este programa de viviendas propiedad de esta entidad, al igual que casas de propiedad del Obispado.

Asimismo, el nuevo Plan General incrementará del 30% actual hasta el 50% el número de viviendas de protección oficial que se deben ejecutar en las nuevas promociones, y obligaría destinar el 15% del suelo que se queda el Ayuntamiento en los nuevos urbanizables también a viviendas de promoción pública.