El desacuerdo entre los colectivos afectados -el de restauración, por un lado, y los representantes vecinales y de ciudadanos, por otro- ha retrasado la entrada en vigor de las limitaciones previstas en la modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública.
Pese a que desde hace meses se ha finalizado la redacción del borrador de la nueva ordenanza por parte de la comisión integrada por técnicos de distintas concejalías, representantes vecinales y de la oficina del defensor de la Ciudadanía, el texto definitivo, que debe ser aprobado primero por la junta de gobierno y después por el pleno para proseguir la tramitación, no ha visto aún la luz.
En estas condiciones, la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, no se atreve en estos momentos a confirmar ni desmentir que la nueva norma estará en vigor en la próxima temporada alta.
De hecho, según Jhardi, en estos momentos el texto del borrador está siendo analizado por los partidos integrantes del pacto de gobierno municipal (PSOE, Més y Podemos) con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo sobre su contenido.
Hasta el momento, el borrador ha sido únicamente analizado por los técnicos, aunque falta el acuerdo político. Para alcanzarlo, se deberán tener en cuenta, entre otras cuestiones, los resultados de los informes económicos sobre la repercusión de cada una de las medidas que se proponen, en especial las relacionadas con el incremento de dos a tres metros del espacio libre para los peatones que deben garantizar las futuras terrazas. También se analizarán los resultados de las distintas simulaciones, que se están realizando en varias barriadas de la ciudad, sobre las consecuencias de aceptar que se deban dejar tres metros libres para autorizar una terraza en cualquier acera.
La anterior es una demanda de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma y de la Defensora de la Ciudadanía que, de aceptarla, en la práctica supondría que, para autorizar una terraza, la acera debería tener, como mínimo, un ancho de cuatro metros (los tres libres para los peatones y un mínimo de un metro para la colocación de las mesas y sillas).
Jhardi insistió en que esta demanda no ha sido aún aceptada por el equipo de gobierno, ya que está pendiente de los resultados tanto del estudio económico como de las simulaciones que se están realizando.
En el caso de que la estructura urbanística de Palma determine que la aplicación de esta norma implique la práctica imposibilidad de autorizar terrazas en toda la ciudad, tal como se denuncia desde el sector de restauración, no se adoptará o se modulará, en función de las características de cada zona, el espacio libre para los peatones.
La nueva ordenanza prohibirá la instalación de toldos no sujetos a la fachada, además de los paravientos verticales. De esta forma se pretende cumplir con la advertencia de la conselleria de Salud en el sentido de que las terrazas cerradas incumplen con la ley antitabaco.
