Un total de 462 familias de Palma, o lo que es lo mismo, alrededor de 2.000 personas, subsisten gracias a la renta social garantizada, unos ingresos que pueden oscilar entre los 429 y los 776 euros, dependiendo del número de miembros de cada núcleo familiar. Casi la mitad de estas prestaciones, que paga la Conselleria de Servicios Sociales, se concentran en tan solo dos distritos postales de la ciudad, que abarcan distintos barrios de la periferia.
Solo en la zona que componen las barriadas de Son Canals, Can Capes, el Vivero y el Rafal hay 120 familias que cobran esta ayuda básica. Otros 85 hogares de la Soledat Sud, Pere Garau, Nou Llevant, Son Malferit, Son Moneder y Son Gibert también reciben esta renta.
Por tener un significativo número de familias (53) que cobran esta prestación destacan las barriadas de Foners, Can Pere Antoni y El Molinar; al igual que Son Cladera y sa Indioteria, con 31 beneficiarios; también la zona que va desde Santa Catalina, a Camp d'en Serralta, es Fortí, Son Serra, La Vileta, Son Roca y Son Ximelis, con otros 26 hogares que reciben este subsidio.
Radiografía del problema
Saber dónde recae esta ayuda económica sirve, según comenta la consellera Fina Santiago, para conocer "el mapa de la pobreza de Palma", un mapa que ahora es un esbozo, ya que la renta mínima garantizada no ha cumplido un año de vigencia. En unos años, se muestra convencida la titular de Servicios Sociales del Govern, se podrá tener una radiografía completa de este problema.
La consellera destaca que el 65% de los perceptores de esta renta no tiene abierto ningún expediente en Servicios Sociales, por lo que se ratifica que no son familias con dificultades de integración social, sino que se trata de un problema económico. No hay que pensar que son familias conflictivas, con disputas familiares o adicciones a drogas, advierte Fina Santiago, se trata de una situación de "vulnerabilidad económica", causada por sueldos bajos y la precariedad laboral, remarca la consellera.
El grueso de la renta social garantizada que paga la Conselleria recae en Palma, de hecho, el 60% del perfil del beneficiario lo marca este municipio, factor que no es extraño teniendo en cuenta la densidad poblacional de la ciudad. El número total de estas ayudas en Balears es de 695, unas 3.000 personas, según los datos oficiales del Govern a 31 de marzo de este año, ya que las estimaciones de Servicios Sociales es que cada familia beneficiaria de la prestación está formada por una media de cuatro personas.
Volviendo a Palma, aunque hay dos distritos postales, que aglutinan la mitad de las ayudas económicas, para la consellera de Servicios Sociales es significativo que la pobreza también esté presente en barrios como el de Cort, con 5 casos, o las 30 familias del casco antiguo.
Tipos de familias
De las 462 familias que reciben este subsidio, hay 15 hogares formados por diez o más personas, aunque más de 210 familias están compuestas por tres y cuatro miembros. En total, 1.988 ciudadanos.
El perfil de beneficiarios de la renta social se ha ido ampliando progresivamente desde su aprobación en mayo de 2016, aunque el número total de familias que se benefician de la ayuda dista mucho de las previsiones iniciales, cuando se implantó la prestación y el Govern creía que serían unas 3.000 familias las que lo solicitarían.
Hoy, prácticamente todas las familias, con hijos o sin, y que carezcan de ingresos o que cobren una cantidad insuficiente pueden solicitar esta ayuda. En más de una ocasión, la consellera Santiago ha manifestado que la renta social no podrá acabar con la pobreza, sino que es "una herramienta de subsistencia".
La vulnerabilidad social que denota el número de familias que tienen que recurrir a esta prestación va acompañada de unos factores muy concretos, según comenta la consellera. El envejecimiento de la población, la dificultad de poder cubrir las necesidades emocionales y de supervisión de todos los miembros de la familia, el aumento de la conflictividad intrafamiliar, la integración de la inmigración, la precariedad laboral, la vulnerabilidad económica, principalmente causada por la precariedad laboral y sueldos bajos... En definitiva, un cúmulo de factores que "dificultan la promoción social". En opinión de Santiago, esta es una realidad derivada del modelo económico y que requiere una reforma social.
Necesidades detectadas
La portavoz de la red por la inclusión social EAPN, Carme Muñoz, reclama "soluciones compartidas por todas las instituciones", más trabajo comunitario ante la existencia de los trabajadores pobres y parados de larga duración, una figura nueva surgida durante la crisis económica.
Para esta organización, que abarca diferentes entidades que trabajan con el tercer sector, la concertación de diferentes servicios, que hasta ahora estaban subvencionados, y la redefinición de la cartera de prestaciones sociales del Ayuntamiento de Palma es un paso importante hacia la mejora de la atención a los colectivos más vulnerables.
Muñoz comparte la afirmación de que en Palma uno de los problemas más grave es el de la falta de viviendas sociales y la existencia de alquileres que crecen de manera exponencial, mientras que las rentas continúan siendo bajas. Como aspecto positivo, la portavoz de EAPN destaca que "la oficina antidesahucios de Palma es de las que funcionan mejor en España".
