Los antiguos responsables del Nassau Beach deben desalojar el establecimiento del Portitxol por orden de la Autoridad Portuaria. El organismo estatal ha decretado el desahucio de la empresa que gestionó este espacio portuario hasta diciembre del año pasado y le exige que abandone el local en un máximo de tres días desde que le sea notificado.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó el miércoles el citado desahucio administrativo de Insula Avantia, la empresa concesionaria hasta octubre de 2014, aunque le fue permitida la gestión del espacio hasta dos años después mediante sucesivas autorizaciones, ya que todavía no se había resuelto el nuevo concurso.

Las instalaciones explotadas comercialmente como Nassau Beach, con un bar restaurante y zona de hamacas en la playa de Can Pere Antoni, deben cesar "de forma inmediata en la ocupación del dominio público portuario en la zona de Troneras del Portitxol", tal como informó ayer la entidad estatal en una nota de prensa.

Llamarán a la Policía

El comunicado advierte de que este espacio "está siendo ocupado indebidamente y sin título habilitante desde diciembre de 2016", por lo que si no lo desalojan en un "plazo improrrogable de tres días", llamarán a la Policía. En concreto, "el consejo de administración ha delegado en el presidente de la Autoridad Portuaria la facultad de solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que fuese necesario". Asimismo, le facultan para pedir "la autorización de entrada en la zona de Troneras ante el juzgado de lo contencioso administrativo" en caso de que finalmente fuese necesario.

Cuando en diciembre finalizó el plazo de explotación concedido de forma extraordinaria a Insula Avantia -hasta que se resolviese el nuevo concurso-, la empresa fue avisada de la obligatoriedad de dejar las instalaciones, según la APB. Sin embargo, no hizo caso, por lo que el organismo estatal "inició el procedimiento sancionador por ocupación de dominio público sin autorización". Tras las alegaciones presentadas por la empresa, el consejo de administración resolvió desestimarlas y proceder al desahucio, tal como concluye la nota de prensa de la Autoridad Portuaria.

El último concurso público del local del Portitxol tampoco está exento de problemas, debido a que la empresa que presentó la mayor oferta económica recurrió la decisión de la APB de otorgar la concesión a la segunda mayor oferta y ahora la adjudicación se encuentra en los tribunales, tal como explicó ayer el abogado de la denunciante, José Ramón Orta. Según los técnicos de la entidad estatal, la empresa más puntuada económicamente quería cambiar el modelo de negocio y, por este motivo, no fue elegida.