El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, Adrià García, rechazó ayer en comisión la solicitud del grupo municipal Ciudadanos por la que se acordaba "derogar y dejar sin efecto" la ordenanza fiscal reguladora el Impuesto sobre el Incremento del Valor del Terreno de Naturaleza Urbana conocido como de Plusvalía.

El concejal de Ciudadanos Pedro Ribas recordó la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero "que establece claramente que este impuesto incumple el principio constitucional por el que se establece la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en función de la capacidad económica". Indicó que, debido a la crisis económica, el valor de los terrenos en algunos casos había disminuido, mientras que su valor catastral, que se toma de base para calcular el incremento del valor cuando se produce una transmisión, había subido, algo que no se corresponde con la realidad. Reconoció que esta situación en Palma se daba en menor medida debido a la "moderación" de los valores catastrales, algo que no ocurre, por ejemplo, en municipios como Marraría, Llamador y Calviá.

García rechazó la proposición de Ciudadanos precisamente basándose en parte en este último argumento. Afirmó que, gracias a la labor realizada tanto por la Oficina del Catastro como por el Instituto Municipal d'Annunzio (IBI), los valores catastrales del suelo se mantienen en un 50% de los del mercado. Además, preguntó de dónde sacarían los 25 millones que se prevé recaudar este año por este impuesto.