La lucha está en la calle. Mientras el centro de la ciudad se está convirtiendo en la residencia vacacional de los extranjeros porque muchos de los propietarios de pisos, mallorquines en su mayoría, han rescindido el alquiler a unos inquilinos más empobrecidos para entregarlos a los ricos europeos del norte, los vecinos están tomando las plazas.
La segunda jornada de recogida de firmas en las que se pidió a los vecinos el apoyo a la prohibición de alojamientos vacacionales en fincas familiares se celebró ayer. La Federació de Veïns de Palma inició el pasado sábado una campaña que concluirá el 1 de abril. Cinco sábados consecutivos para recoger 5.000 firmas.
"Es una cifra significativa y elevada", expresa Joan Forteza, presidente de la entidad vecinal. Las cinco mil 'significativas' rúbricas podrían ser el Pepito Grillo en un Govern que aún no ha aprobado la ley que debe regular la desproporción alcanzada por el negocio de rentar pisos, casas, chalés que siguen sin normalizar su situación.
Un dato: de las 6.000 estancias de Palma, el Govern de Francina Armengol solo tiene controladas 232. A juicio de Forteza, el Ejecutivo "está falto de sensibilidad política".
La ambición de los opositores es conseguir un número de firmas suficientes para elevar la petición a una Iniciativa legislativa Popular, las conocidas como ILP o IP. Sin embargo, conforme al artículo 20 es necesario reunir un número de firmas que representen a un 10 por ciento del censo poblacional. Desde la Federació, y en este sentido parecen estar en consonancia con el grupo Més, se va a solicitar a Participació Ciutadana que baste con alcanzar un uno por ciento, "una cifra más acorde al tamaño de la ciudad", indica Forteza. "A Cort le he pedido que hagan una modificación puntual de este artículo, porque de lo contrario, sería un proceso muy largo", añade. Las entidades ciudadanas pueden tramitar una Iniciativa Popular con un uno por ciento.
Alegaciones
No se van a quedar aquí. La Federació ya presentó alegaciones al proyecto del Govern que busca pacificar un tema espinoso.
"El Gover quiere regular una competencia que no es suya, porque la ley de arrendamientos urbanos y la ley de propiedad horizontal son competencias del Gobierno. No entendemos qué quiere hacer", expresó Forteza.
Sospecha que si no se toman cartas en el asunto, "Palma será la ciudad de los no palmesanos". La llamada gentrificación que padecen zonas como el centro histórico o Santa Catalina se está trasladando a otras zonas. "Se extiende como una gota de aceite, y está provocando, sobre todo entre los más jóvenes, que tengan que irse porque aquí ya no pueden encontrar pisos con precios de alquiler asumibles", incidió. No lo niega. "Hay doble moral. Sin vendedor, no hay comprador". Y seguimos sin una ley que ponga freno a un negocio muy contestado.
