El Ayuntamiento de Palma reclama 579.729 euros a la empresa adjudicataria de la construcción y el mantenimiento del nuevo parque de bomberos de la ciudad, situado en un solar del Polígono de Servicios de Llevant, por los reiterados incumplimientos del contrato detectados a lo largo de año pasado.
Es la primera vez que el Ayuntamiento se ha negado a pagar parte del alquiler de las instalaciones, tras comprobar que una serie de servicios y trabajos previstos en el contrato no se han ejecutado. En concreto, se ha detectado que no se han realizado las auditorías contables ni de calidad, una anomalía cuantificada en 36.584 euros.
El mantenimiento "incorrecto o insuficiente" de todas las instalaciones se ha cuantificado en 182.921 euros, mientras que la "deficiente gestión" por parte de Caib-Patrimoni entre 2011 a 2015 se ha valorado en 250.472 euros. Asimismo, desde el departamento de Seguridad Ciudadana se considera que la infracción de las normas de organización y funcionamiento de los órganos de administración de la sociedad adjudicataria debe ser penalizada con otros 36.000 euros.
De esta forma el alquiler de las instalaciones correspondiente a 2016 a abonar por el Ayuntamiento de Palma a Caib-Patrimoni en lugar de 2.579.283 euros debe ser de tan solo 2 millones. La reclamación se realiza directamente a la empresa del Govern y no a la adjudicataria, la sociedad Nuevo Parque de Bomberos S.A., integrada, entre otras por las empresas Iturri y s´Estel, porque en 2006 el convenio se suscribió con la compañía autonómica.
De hecho, el nuevo parque de bomberos se levantó sobre un solar de propiedad municipal de 10.283 metros cuadrados de superficie, que fue cedido por Cort a Caib-Patrimoni. Esta empresa pública convocó un concurso para la construcción del nuevo parque, su equipamiento y el mantenimiento. Si bien las obras costaron 15 millones, a esta cantidad hay que añadir otros 10 para el equipamiento de las instalaciones. La sociedad del Govern y Cort suscribieron un convenio en 2006 por el cual el Ayuntamiento alquilaba las instalaciones por un período de 30 años, lo que suponía que, al final de este tiempo, se habrían abonado 211 millones, cinco veces más de lo que realmente se había gastado. De hecho, según los cálculos efectuados en 2010 por el entonces responsable de Hacienda con la alcaldesa Aina Calvo, Andreu Alcover, si la instalación se hubiera ejecutado por el sistema habitual mediante la formalización de un préstamo a devolver a 15 años, el coste hubiera sido de 50 millones en lugar de los 121.
Negociaciones estancadas
Por ello, tanto en 2010 como ahora, el Ayuntamiento está negociando con Caib-Patrimoni con el fin de "rescatar" las instalaciones. Se calcula que se deberían abonar unos 20 millones mediante la formalización de un préstamo. Según el concejal de Hacienda, Adrià García, si bien al principio del actual mandato se mantuvieron contactos al respecto, en estos momentos las negociaciones son mas bien inexistentes.
En el contrato inicial se incluyó la adquisición de 18 vehículos por el sistema de renting, que ha sido renegociado con la entidad y se ha conseguido, por el momento y a coste cero, tener en propiedad trece.
