El Ayuntamiento de Palma va a instalar radares en las principales calles de la ciudad, entre ellas la de Manacor, con el fin de controlar el exceso de velocidad y dar mayor seguridad a los peatones.

El nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones semafóricas y de control del tráfico mediante videovigilancia, cuyo pliego de condiciones fue aprobado en la junta de gobierno celebrada ayer incluye la obligación del nuevo adjudicatario del servicio suministrar rádares móviles que se van a instalar en las calles en las que se ha detectado un mayor incumplimiento de los límites de la velocidad permitida por parte de los conductores, tal como explicó el concejal de Movilidad, Joan Ferrer.

En principio, estos radares se colocarán en la calle Manacor, una de las vías de la ciudad en las que se ha detectado un mayor incumplimiento del máximo de velocidad, aunque, según Ferrer, se podrán utilizar en otras vías en función de las necesidades, ya que se trata de instalaciones móviles.

Ferrer indicó que también se van a instalar sensores en los pasos de peatones que permiten multar a los vehículos que no respeten la preferencia de paso de los viandantes.

Asimismo, en determinados semáforos también se colocarán mecanismos que "atrapan, mediante fotografías, a los vehículos que no respetan la luz roja", y permite sancionarlos con posterioridad. Según Ferrer, todas estas medidas tienen como objetivo "hacer cumplir la normativa y disminuir las infracciones y el número de accidentes, además de proteger al peatón".

El nuevo contrato saldrá por un precio de licitación de 1,8 millones anuales (el actual es de 1,7) y se distribuye en tres lotes. El denominado Lote 0, que es independiente del resto, permite contratar a una asesoría que se encargará de la evaluación permanente del cumplimiento de los términos del contrato por parte de la empresa o empresas adjudicatarias. El importe de la licitación de este apartado es de 104.218 euros. El Lote 1 incluye las nuevas inversiones previstas, entre las que se señala las detalladas con anterioridad, con un precio de salida de 1,3 millones, mientras que el Lote 2 se corresponde con el mantenimiento del sistema de vigilancia y control de tráfico, cuyo importe es de 404.348 euros.

El contrato actual, adjudicado a la empresa Roig por cuatro años más dos de prórroga, ha finalizado y se encuentra en estos momentos en período de prolongación extraordinario. Los pliegos aprobados ayer prevén que el servicio se adjudique por dos años prorrogables otros dos. Ferrer, espera que el nuevo contrato, que permitirá aplicar las medidas incluidas en el Plan de Movilidad, esté resuelto en junio o julio.