El 95 % de las personas que ejercen la prostitución en Balears son mujeres. Estas "víctimas de la esclavitud moderna están desprovistas de derechos básicos", recordó Anna Moilanen, Defensora de la Ciudadanía, quien les brindó la sede de esta entidad municipal donde tanto las prostitutas como las víctimas de trata podrán informarse de los derechos que tienen como cualquier ciudadano.

Moilanen rubricó ayer un memorándum de entendimiento junto a María Jesús Vílchez, presidenta de Médicos del Mundo, para defender conjuntamente los derechos de estas personas. "Queremos ser un eslabón más que ayude a estas personas desprotegidas y, a menudo, desprovistas de derechos tan básicos como la salud", recordó Moilanen.

En Palma, Médicos del Mundo atendió a 1.871 personas prostituidas en 2015, y un año después a 1.093. "Estas cifras son la punta del iceberg, ya que son pocas las que acuden a nosotros", indicó Vílchez. En su opinión, "la prostitución es paradigma de violencia sexual y política. Debería abolirse porque legitimarla es legitimar la violencia de género".

Médicos del Mundo tiene constancia de que un 44% de las personas que ejercen la prostitución carecen de tarjeta sanitaria. El trabajo de esta entidad es directo. Se acercan a ellas, les reparten preservativos, les efectúan las pruebas de sida y sífilis. "La mayoría de ellas tienen reparos en acudir a la sede de Médicos del Mundo porque tienen miedo de las redes de trata", dijo Vílchez.

Desde esta organización y de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía apuntaron la complicidad, "en una sociedad hipócrita", que tiene el cliente con la existencia de la prostitución. "Sin clientes, no hay oferta", recordó Moilanen. "A ellas se las multa y se las lleva a comisaría, pocas veces se persigue al cliente", subrayó la defensora del Ciudadano. Muchas de estas personas están en situación irregular, carecen de papeles, son víctimas de trata, tienen deudas.

"De 80 personas multadas, solo una es cliente; el resto son mujeres. Siempre se las criminaliza a ellas. Las multas se las imponen por altercados en la calle, por botellón, pero olvidan que detrás hay un cuadro de personas esclavas. Por eso creemos que deben contar con servicios adecuados a esta realidad. No sé si el primer paso sería regularizar, pero están y existen. La Administración no puede hacer la vista gorda", recalcó Moilanen.