El fiscal Miguel Ángel Subirán solicita penas que suman hasta un total de 22 años de cárcel para los tres funcionarios de la Policía Local de Palma que serán juzgados por el acoso homofóbico de una compañera lesbiana. Los acusados que se sentarán en el banquillo por el primer caso derivado de la investigación de la trama corrupta de la Policía Local, son el excomisario Rafael Estarellas y los agentes Rafael Puigrós y Alberto Juan. Los dos últimos están en prisión y se ha rechazado su puesta en libertad.
La acusación mantiene que con el acoso al que sometieron a esta agente femeninaacoso habrían cometido hasta seis delitos distintos. En concreto, imputa los que van contra la integridad moral, lesiones, acusación y denuncia falsa, contra la administración de justicia, falso testimonio y presentación de falsos testigos. La situación más complicada la afronta el agente Rafael Puigrós, que se enfrente a una pena de diez años y nueve meses de cárcel.
Para su compañero Alberto Juan se solicita seis años y medio de prisión. Para el excomisario Estarellas, antiguo número 2 de la estructura de mandos de la Policía Local de Palma, la fiscalía reclama una condena de cuatro años y medio de prisión. Aunque no se concreta una indemnización, la fiscalía solicita que el Ayuntamiento de Palma responda de las consecuencias económicas de este caso.
El abogado defensor de los dos agentes, José Ramón Orta, reclama la absolución de sus clientes y entiende que las penas que solicita el fiscal son exageradas si se ponderan con los hechos que se van a juzgar.
Los tres funcionarios de la Policía Local van a ser juzgados en la Audiencia de Palma. Así lo ha establecido el juez Manuel Penalva, que ya ha dictado un auto de apertura de juicio oral. El juez, además, fija una fianza económica de 15.000 euros, para que respondan los tres acusados.
El fiscal mantendrá en el juicio que la agente Sonia Vives, la denunciante, sufrió acoso laboral desde el año 2007 debido a su condición sexual. La mujer estaba en la unidad motorizada, de la que también formaban parte los agentes Puigrós y Juan. Estos dos compañeros, según la acusación, "se pusieron de común acuerdo con la finalidad de humillar, menospreciar y ridiculizar" a la mujer. El fiscal no tiene ninguna duda de que este acoso tenía un único motivo: "Por su odio y desprecio a la condición homosexual" de su compañera.
La agente femenina, "de manera insistente, diariamente y mientras compartían unidad y servicios", sufrió varios episodios de acoso que consistió en comentarios y gestos con el objetivo de vejarla e insultarla. Por ejemplo, los dos agentes cuando se referían a Sonia la llamaban "bollera", "bollera de mierda", "tijeras", "tijeritas" y otro tipo de desprecios. Estos comentarios, según el fiscal, no solo los efectuaban dentro del cuartel, sino en otros escenarios, sobre todo cuando había muchos policías reunidos.
El fiscal también acusa a Puigrós de haberle estampado varios huevos en la moto que conducía la agente. Después, entre risas, le preguntó si le había" gustado la tortilla". Otras veces le pinchaban las ruedas o las desinflaban.
La mujer denunció este acoso al comisario, que no la respaldó, sino todo lo contrario. El escrito detalla que Estarellas le "gritó, se burló y mofó" de la agente, sugiriéndole que dejara la unidad motorizada y cambiara de destino. En otra ocasión, en un encuentro casual, al comentarle Sonia su interés por entrar en un determinado grupo, el comisario le comentó que "esas plazas son para gente muy exclusiva, estoy de tí hasta los cojones".
Al tener conocimiento de esta denuncia los dos agentes intentaron, supuestamente, influir en la declaración de una testigo, a la que visitaron en su trabajo. Posteriormente esta mujer fue objeto de un seguimiento.
Además, uno de los agentes presentó una denuncia falsa en la que señalaba que Sonia había maltratado a un detenido. Se averiguó que los hechos no eran ciertos, ya que en la fecha que se indicaba en la denuncia la mujer estaba disfrutando de varios días de permiso.
El fiscal destaca también que desde que decidió denunciar a sus compañeros, la agente femenina ha sufrido diversas acciones de intimidación y coacción. Ha recibido escritos anónimos, han causado daños en su casa y le han robado la moto.
