El alcalde de Palma, José Hila, tendrá que afrontar el pago de 5,5 millones con su patrimonio personal si en el plazo de seis meses el Ayuntamiento de Palma no ha hecho efectiva esta cantidad resultante del justiprecio acordado en sentencia firme por el Tribunal Supremo por los terrenos del antiguo velódromo de Tirador.

En la comisión informativa de Hacienda celebrada ayer, se dio cuenta de un auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) del pasado 23 de diciembre, en el que se indica que, en el plazo de diez días, el Ayuntamiento debe indicar quién es el responsable de la ejecución de la sentencia. En el caso de no hacerlo, se señalará al alcalde, como máxima autoridad.

Transcurridos los seis meses dados de plazo para pagar los 5,5 millones se podrá imponer una multa al alcalde a razón de 1.000 euros mensuales los tres primeros meses y sobrepasado este plazo, de 1.000 euros semanales. Además, se le advierte que su actitud puede ser constitutiva de un presunto delito de desobediencia a la autoridad. El auto del Tribunal Superior obliga asimismo a dar lectura en el próximo pleno municipal de la resolución para que todos los miembros del consistorio queden "debidamente apercibidos de la obligación de cumplimiento de la sentencia".

El concejal de Hacienda, Adrià García, explicó que espera hacer frente al pago de esta cantidad antes de que se cumplan los seis meses, cuando se disponga de la confirmación del ministerio de Hacienda de la adhesión de Cort al Fondo de Impulso Económico para la ejecución de sentencias firmes. Este fondo permitirá disponer de un crédito extraordinario de 30 millones que se destinará al pago de esta expropiación y de otras que el Ayuntamiento tiene pendientes.

Tal como adelantó DIARIO de MALLORCA en junio de 2016, el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento a pagar 5,5 millones más los intereses de demora (que pueden alcanzar hasta los nueve por la expropiación de los terrenos del velódromo de Tirador a sus antiguos propietarios. Cort había fijado el justiprecio en un millón.