Un afiliado del Partido Popular es el principal testigo del denominado caso ORA, al aportar datos que motivaron el inició de una investigación. Un testigo que en ningún momento aparece identificado en el sumario, cuyo secreto ha sido levantado por el juez Penalva, lo que ha permitido a los implicados conocer las pruebas que les incrimina en esta causa de corrupción. No solo no se le identifica, sino que se le otorga la condición de testigo protegido.
Esta persona realizó dos declaraciones ante la Policía y la fiscalía Anticorrupción. La primera se sitúa en el mes de diciembre de 2015, en la que realizó una amplia explicación de una serie de irregularidades, en cuanto al amaño de contratos públicos, que conoció por su condición de afiliado del PP. La segunda declaración, que amplió la primera, la realizó el pasado mes de julio, aportando muchos más detalles. Este testigo protegido denunció el amaño del último contrato firmado por el Ayuntamiento de Palma para el desarrollo del control del aparcamiento en zona azul. El militante aseguró que dicho contrato fue manipulado a favor de la empresa instalaciones Roig, que constituyó una UTE con la concesionaria anterior, la sociedad Dornier.
Según se desvela en el informe que realizó el grupo de Blanqueo de Dinero, por orden del juez y del fiscal, este testigo afirmó que, pese a que él personalmente no lo podía demostrar con pruebas, "todo el mundo" en el Partido Popular de Balears conocía que este concurso había sido amañado por indicación de José María Rodríguez y Álvaro Gijón. E incluso señaló que los dos dirigentes políticos habían cobrado una comisión de 1,2 millones de euros por dicho proyecto, cantidad que se habrían repartido a partes iguales. La comisión, lógicamente, la habría abonado la empresa Instalaciones Roig. El testigo añadió que además del dinero, el empresario también habría regalado un piso a Gijón y situó dicha vivienda en la calle Prevere Rafael Barrera, en la barriada de Son Forteza, en Palma.
También denunció este testigo que este proyecto se entregó a una empresa que no contaba con los medios técnicos para controlar el aparcamiento en zona azul, por lo que tuvo que subcontratar con Dornier.
Los investigadores otorgan una total credibilidad a este testigo protegido. Además, el juez y el fiscal afirman que Cort se decantó por la empresa que no presentaba la mejor oferta técnica y, además, era la más cara de todas. De hecho, otra competidora se ofrecía a cambiar todas la maquinaria y a desarrollar el contrato a un menor precio.
Como consecuencia de esta declaración hace algunos meses se realizó una operación policial con varios detenidos. Se envió a prisión a dos personas. Una fue el empresario Roig y la otra un alto funcionario de Cort, responsable de este contrato.
