El Ayuntamiento de Palma rechaza el requerimiento de la delegación del Gobierno en Balears y va a continuar abonando a lo largo del presente año la carrera profesional a sus funcionarios.
La teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, acompañada por representantes sindicales en Cort afirmó que no van a hacer caso al requerimiento de María Salom, quien emplaza al Consistorio a que, en un plazo de un mes, anule el acuerdo de carrera profesional aprobado el pasado año, que supuso el incremento del gasto en 1,7 millones a lo largo de 2016 y de 4,5 millones en el presente año.
Jhardi ha recordado que el acuerdo de carrera profesional no supone un incremento salarial, puesto que los funcionarios que lo perciben deben cumplir una serie de condiciones de antigüedad, formación y de incremento de productividad, entre otras.
Además, ha recordado que, tras alcanzar el acuerdo con los repreentantes sindicales, fue ratificado por la junta de gobierno municipal y por el pleno del Ayuntamiento. Este proceso contó en todo momento con los informes favorables de los servicios jurídicos municipales y del departamento de Intervención.
La carrera profesional, que fue interrumpida por el gobierno municipal del PP en 2012, se retomó el año pasado tras alcanzar un acuerdo entre el equipo de gobierno y los representantes sindicales de los 2.390 funcionarios que tienen derecho a percibirla.
Supone un incremento de entre el 20% y el 80% de la cantidad que ya perciben en su nómina por este concepto, que se puede traducir en incrementos mensuales que oscilan entre los 30 y 200 euros.
Tienen derecho a percibirla todos los funcionarios a partir de los cinco años de antigüedad en función de una serie de parámetros entre los que se incluye la formación, la mejora de la productividad y la ausencia de absentismo laboral, entre otros.
El acuerdo supone un gasto escalonado para las arcas municipales de 1,7 millones en 2016 y de 4,5 el presente año, que culmina con los 9 millones previstos en 2018.
Jhardi se extrañó de que la Delegación quiera anular el acuerdo de Cort, cuando la carrera profesional también se cobra el otras administraciones como el Govern balear o el Consell de Mallorca, y lo atribuyó a a un "ataque" del Gobierno central "al principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución. Además recordó que el acuerdo alcanzado en Cort se basa en la ley autonómica de carrera profesional.
