El juez Penalva y el fiscal Subirán, con la ayuda de la Policía, han iniciado una nueva línea de investigación sobre el presunto amaño de los contratos para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma y por el pago, a través de fondos públicos, de facturas falsas. Un nuevo caso de corrupción por el que ayer se detuvo a cuatro personas, si bien no se descarta que se puedan producir nuevos arrestos. Los investigadores tienen pruebas, a través de documentos, no solo que justifican las sospechas sobre el presunto amaño del contrato público, sino que la empresa contratado cobró algunos trabajos que nunca se han realizado. Todos estos pagos se habrían camuflado a través de facturas falsas, que superaron sin ningún problema los controles internos de la empresa municipal y fueron abonadas.

La empresa sobre la que se centran todas las sospechas es Instalaciones Roig, que ya fue investigada hace algunos meses porque se benefició de otro presunto concurso amañado para controlar el sistema de aparcamiento en la zona azul de Palma. Entre las cuatro personas que ayer se detuvo, dos de ellas están directamente relacionadas con esta empresa de servicios. Se trata de su propietario, Antonio R. (que ya fue detenido por el caso de la ORA) y el gerente de la empresa. Ambos se encontraban anoche en los calabozos de Jefatura, a la espera de que les tomen declaración. Los otros dos detenidos son, o han sido, empleados municipales. Uno de ellos es el anterior gerente del Instituto Municipal de Deportes, nombrado por el PP, que tramitó los contratos con la empresa investigada. El otro empleado arrestado por la Policía es el actual jefe de mantenimiento y obras del área de deportes de Cort, que se encargaba de controlar todas las facturas que se pagaban por los trabajos realizados en estas instalaciones deportivas municipales.

Auditoría interna

La actual dirección del IME detectó a finales del año 2015 una serie de facturas relacionadas con el mantenimiento de los centros deportivos, que eran dudosas. Ante las sospechas de que en la anterior etapa municipal se habían podido cometer algunas irregularidades contables, se acordó contratar a un auditor externo para que analizara en profundidad toda la documentación contable. Así se podría confirmar, o descartar, estas sospechas sobre las irregularidades detectadas internamente. Los auditores analizaron a fondo toda la facturación de este departamento municipal, en especial el pago del mantenimiento de las piscinas, pero también del resto de instalaciones deportivas. De esta forma se detectó que algunas facturas abonadas no coincidían con los trabajos realizados, es decir, se había gastado dinero sin ninguna contraprestación a cambio. Otras facturas sí respondían a trabajos realizados, pero el precio que se pagó estaba muy por encima del valor real. Lo mismo ocurría con el pago de algunos productos utilizados en estos trabajos, cuyas facturas también se inflaban. El auditor aconsejó en su informe que ante lo que parecía una malversación de dinero público, se comunicara esta situación al juzgado.

A finales del pasado año el Ayuntamiento de Palma entregó a la fiscalía Anticorrupción tanto el informe del auditor, como los documentos que había utilizado para elaborar su estudio económico. Al mismo tiempo, el actual gerente del IME explicó las irregularidades que había detectado y aportó los contratos que se habían firmado con esta empresa. También detalló las cifras que el Ayuntamiento pagaba por el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas.

Sobreprecios

Los policías del Grupo de Blanqueo también analizaron los documentos en profundidad. Las pruebas aportadas por el IME eran contundentes. Muchas facturas eran falsas y algunos de los pagos que se habían realizado a la empresa Roig por determinados trabajos nunca se habían realizado. La Policía comprobó que la contratación con Roig se había tramitado en la anterior legislatura municipal y que Roig exigió muchos pagos por trabajos que nunca se realizaron. Sin embargo, la persona que debía auditar estas facturas y comprobar si respondían a trabajos realizados, ordenaba los pagos.

La empresa instalaciones Roig, cuya facturación procede en su totalidad de contratos con la administración (según confesó el propietario), se encarga desde el año 2012 del cuidado y mantenimiento de siete de las piscinas municipales de Palma. Su página web detalla que la empresa desarrolla este trabajo de servicios en las piscinas de los centros deportivos de s´ Estel, Toni Servera, San Agustín, Son Roca, Sant Jordi, Son Ferriol y Son Moix. El Ayuntamiento de Palma paga anualmente una factura de 826.310 euros para que las piscinas municipales estén limpias.

En el año 2014, bajo el mandato del PP, la empresa también consiguió un segundo contrato con el IME tras conseguir la mayor puntuación en el concurso que se había convocado para el mantenimiento de las instalaciones de Son Moix. La firma se realizó poco antes de la reapertura de este centro deportivo. El contrato tenía un presupuesto por dos años que alcanzaba la cifra de 423.500 euros.

Ninguna de las detenciones practicadas ayer se realizó en las instalaciones municipales. El jefe de mantenimiento no se encontraba en su puesto de trabajo. Tanto el propietario como el gerente de Instalaciones Roig fueron arrestados en la oficina de la empresa. Los investigadores están intentado establecer el volumen de la supuesta malversación de fondos públicos. Sin embargo, antes de las detenciones ya se tenía una valoración aproximada del dinero que se ha podido desviar a través de estos contratos.