­No es la primera vez que la Policía acusa al propietario de la empresa Instalaciones Roig de estar implicado en el amaño de contratos públicos. Esta empresa, entre otros muchos proyectos, fue la ganadora del concurso para la explotación del contrato de la ORA de Palma. Esta empresa se presentó al concurso con otra sociedad que, hasta entonces, se había encargado del control del aparcamiento de la zona azul. El proyecto que presentó era el más caro, con mucha diferencia con sus competidores. No solo presentaba un presupuesto superior al resto sino que, además, las aportaciones técnicas que ofrecía eran inferiores a otras propuestas. Por ejemplo, la empresa que quedó en segunda posición ofrecía el cambio de todas las máquinas expendedoras. Instalaciones Roig solo se comprometía a cambiar unas cuantas. A pesar de la diferencia, la empresa investigada obtuvo una puntuación mucho mayor que el resto y ganó el concurso. El juez y la fiscalía Anticorrupción disponen también de la declaración de un testigo, al que otorgan una total credibilidad, que sostiene que si Roig consiguió este contrato para controlar el aparcamiento de la ORA, fue a cambio del pago de una comisión económica de alrededor de un millón de euros. Además, este testigo implicó a dos políticos. Acusó a Álvaro Gijón y a José María Rodríguez de haberse beneficiado de este pago de supuestas comisiones. Los dos políticos han negado cualquier cobro irregular y, en especial Gijón, sostiene que mientras fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma nunca intervino en la tramitación del contrato del aparcamiento de pago. En su momento el empresario Roig fue enviado a la cárcel, porque el juez entendió que los hechos que se investigaban revestían una gran gravedad. El empresario negó el amaño y aseguró que nunca ha pagado una comisión a cambio de este proyecto público. De hecho, insistió en que los beneficios del contrato de la ORA son mínimos y defendió que desde que controla este servicio, los ingresos que recibe el Ayuntamiento de Palma han aumentado.

El empresario reconoció al juez que todos los ingresos que genera su empresa proceden de contratos con instituciones públicas, no solo de Palma, sino también de varios pueblos. En Palma también se encarga del mantenimiento de todos los semáforos.

Cort, según las cifras que ya publicó este periódico, factura una media de unos 50 millones anuales con esta empresa que se encuentra ahora bajo sospecha judicial.