El Ayuntamiento de Palma quiere que se exija la unanimidad de la comunidad de propietarios a la hora de autorizar el alquiler turístico en una vivienda de un edificio plurifamiliar.

Desde el equipo de gobierno se sabe que esta exigencia choca con la actual ley de Propiedad Horizontal, que sólo exige la mayoría simple, al igual que con el texto del actual anteproyecto que permitirá el alquiler vacacional en edificios de viviendas plurifamiliares que está tramitando el Gover. Por ello desde Cort se insta al Ejecutivo autonómico y al Parlament a promover un cambio de la ley estatal en este sentido.

La anterior exigencia se incluye en el pliego de alegaciones que el Ayuntamiento de Palma ha presentado al anteproyecto de ley que permite el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, cuyo contenido fue aprobado en la junta de gobierno celebrada ayer. En total el texto incluye 2 alegaciones generales y otras 16 específicas.

Según explicó la portavoz del equipo de gobierno, Neus Truyol, desde el Ayuntamiento consideran que "se deben poner límites claros y condiciones estrictas al alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de Palma y del resto de Balears".

Aseguró que en menos de una década, el crecimiento exponencial que ha experimentado la comercialización de estancias turísticas en viviendas ha generado importantes disfunciones urbanas, entre las que citó la dificultad para garantizar el acceso y el derecho a una vivienda digna debido al encarecimiento exponencial del precio de las casas, problemas de masificación y la consecuente dificultad de redimensionar los servicios e infraestructuras públicas.

También citó la existencia de problemas relacionados con el uso intensivo de los recursos naturales y urbanos, la generación de problemas de convivencia a la hora de compatibilizar los usos residenciales con los turísticos en un mismo espacios, además de problemas de concentración de la propiedad de las viviendas con una dinámica especulativa con un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Asimismo, recordó los problemas generados a la hora de garantizar el derecho al descanso de los vecinos debido a las diferentes dinámicas de la actividad turística con la residencial, además del cambio de la tipología del tejido económico comercial, lo que ha provocado en algunas ocasiones la pérdida de la diversidad del comercio de proximidad en los barrios de la ciudad

Por ello, además de exigir la unanimidad de la comunidad de propietarios en lugar del acuerdo por mayoría simple, desde el Ayuntamiento de Palma consideran también necesario que la nueva normativa se acompañe de los recursos necesarios a todas las administraciones con el fin de garantizar su aplicación correcta, en especial en materia de inspección.

Otra de las alegaciones presentadas por Cort pretende evitar la concentración de propiedades en pocas manos, un fenómeno que en determinadas zonas de Palma, Según Truyol, ya se comienza a notar. Para ello desde el Ayuntamiento consideran necesario limitar a dos el número de viviendas por licencia activa.

Consideran asimismo que se deben diferenciar dos bolsas de plazas vacías a la hora de autorizar el uso de alquiler. Por un lado sea debe mantener la bolsa de plazas hoteleras y, por otro crear otra bolsas para las plazas en viviendas turísticas.

Otra de las alegaciones de Cort y que requerirá también la modificación de la ley estatal de arrendamientos urbanos o la asunción de sus competencias por parte de la Comunitat Autònoma, consiste en impedir la formalización de contratos de alquiler de una duración a tres meses.