En los terrenos de Can Viquet, alrededor del campo de fútbol del Rotlet Molinar y de la nueva salida de la autopista de Llevant, cada dos por tres aparecen escombros. Es uno de los puntos conflictivos de la ciudad que Emaya vigila de forma constante. De ello se encargan los controladores ambientales, un equipo compuesto por catorce personas, de las que doce están sobre el terreno.
Durante una visita al solar, Miquel -los controladores prefieren no dar su apellido para evitar que los infractores les identifiquen- encuentra entre unos restos de obra un documento. "Uep, creo que tenemos algo". Se trata de las pruebas que investigarán y que les pueden llevar a sancionar a la persona o la empresa responsable de haber abandonado escombros y electrodomésticos en mitad de un solar. Al terminar de rebuscar, guarda el papel dentro de una carpeta de plástico y lo lleva a la sede de Emaya en Son Pacs, donde están las oficinas del servicio de inspección medioambiental.
Su función es hacer cumplir tres ordenanzas del Ayuntamiento de Palma: la de limpieza, la de animales de compañía y la de publicidad dinámica. No solo ponen denuncias. Una de sus principales tareas es informar a la ciudadanía sobre la normativa municipal.
Sin embargo, tras realizar cambios en el servicio, el año pasado alcanzaron su récord histórico de multas. En 2012 impusieron 865 sanciones. En 2013 llegaron a 1.246. Desde 2014 fueron bajando: 981 en aquel ejercicio y 836 en 2015, que fue año electoral. El récord de 2016 fue de 2.035 expedientes sancionadores. Más de la mitad fueron por abandonar bolsas de basura en la calle o dejarlas fuera de los contenedores, que es el cometido que más horas les ocupa para potenciar el civismo y lograr que la ciudad esté limpia.
Aunque hay muy poca gente que les conozca o que les haya visto en acción, el departamento de inspección medioambiental comenzó a funcionar el 3 de diciembre de 2001. Surgió porque la Policía Local se negó a multar a los dueños que no recogían las cacas de perro o a los vecinos que tiraban la basura a la calle. En mayo este servicio fue objeto de polémica tras descubrir un archivador con noventa multas anuladas durante la pasada legislatura a "amigos del PP", según afirmó la regidora y presidenta de Emaya, Neus Truyol. Sin embargo, todas esas multas ya prescribieron y nunca se pudo sancionar a sus responsables.
Al principio fueron doce controladores y llegaron a ser una veintena, hasta que con la crisis no les repusieron las bajas. Los catorce controladores actuales se reparten la ciudad en función de las zonas de limpieza que ha delimitado Emaya y cada uno tiene asignado un territorio. Funcionan mediante inspecciones rutinarias y avisos ciudadanos, ya sea a través de los teléfonos del 010, del 900 724 000 de Emaya, de la cuenta de Twitter @Emaya_Palma o de correo electrónico. Reciben una media de diez o doce denuncias ciudadanas cada día, además de los avisos internos que les pasan los barrenderos y el personal de recogida de basuras.
"Los controladores salen con una planificación, pero es un trabajo vivo y las urgencias tienen prioridad", explica Miquel Àngel, el encargado de recibir todas las quejas y comunicarlas a los compañeros. Asegura que el volumen de basura en la calle, de quejas y de denuncias es tan grande que doce personas no son suficientes. "Si fuéramos treinta, tampoco daríamos abasto", afirma el controlador.
A veces se han encontrado que la misma persona que envía un aviso es la que ha ensuciado la calle. "Por ejemplo, hace unos meses una trabajadora de una empresa telefoneó para denunciar que había una calle muy sucia en el polígono de Son Castelló. Resulta que había sido su propia empresa la que había incumplido", añade Miquel Àngel.
Conseguir el máximo de pruebas
Cuando están a pie de calle, los controladores trabajan con un móvil y una app para gestionar los avisos. Su otra herramienta de trabajo es la cámara de fotos con la que documentan todo lo que encuentran en la calle. Pero su principal aliado, dicen, es la colaboración ciudadana. "Nos ayuda mucho que nos puedan identificar quién ha sido el responsable y que nos aporten pruebas, ya sea una foto o un vídeo. No podemos denunciar a nadie sin pruebas, así que en ese caso nos limitamos a informar al vecino", explica.
A menudo sufren situaciones de tensión cuando cazan a un infractor. Durante este reportaje, Carlos, uno de los controladores, sorprende a una persona -un trabajador de limpieza de la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento- tirando un cubo de agua de fregar por un imbornal que recoge el agua de lluvia. "No te vamos a multar esta vez, solo te informamos. Que sepas que eso no se puede hacer", le explica Carlos. El empleado se pone nervioso y responde de forma altiva. "¿Pero qué me estáis contando? Eso no me lo han dicho en la vida", replica a gritos. Le insisten en que es un aviso y el hombre se niega a escucharles.
Tras marcharse, Carlos explica que muchos vecinos se sorprenden cuando les multas y tienden a poner excusas. Uno de los argumentos que mas oye es: "Ah, ¿me vas a multar por esto? ¿Por una bolsa fuera del contenedor? Con lo sucia que está la calle de mi casa".
Antes de rebuscar en una bolsa o un contenedor, se ponen los guantes. Buscan facturas, tiques o papeles entre los residuos para evitar el incivismo. "Es difícil encontrar pruebas, pero a veces suena la flauta. Esto lo hacemos porque al Ayuntamiento le cuesta mucho dinero limpiar, porque no todo el mundo cumple las normas", añade el trabajador.
Para formular cada denuncia pueden tardar entre 30 y 45 minutos. Si una persona no colabora, llaman a la Policía Local para que les ayude a identificar al infractor. Aunque muchos, explican, se muestran colaboradores. Según los datos del servicio, tanto particulares (54%) como empresas (46%) se reparten las sanciones a partes iguales.
Potenciar la prevención
Los controladores apuestan por invertir más en la vigilancia de grandes vertidos antes de que se produzcan. "Los escombros de obra cuestan mucho más al Ayuntamiento que perseguir las bolsas fuera del contenedor", asegura Carlos. El año pasado agotaron los 80.000 euros de presupuesto que tenían para la limpieza de vertederos en zonas públicas. Solo en el solar de Can Viquet, en el Molinar, Emaya gastó 23.000 euros de los contribuyentes para retirar escombros abandonados. Y todavía no ha terminado la limpieza, por falta de presupuesto.
Sin embargo, Emaya reparte al personal para lograr que desaparezcan las estampas de basura, trastos, electrodomésticos y cacas de perro que cada día se pueden ver en cualquier calle de la ciudad. El incivismo, de momento, gana la partida.
