La plataforma Stop Desnonaments Mallorca ha logrado aplazar uno de los llamados desahucios exprés de una pareja con dos hijos menores que ayer por la mañana iban a ser desalojados de un piso en sa Gerreria, en el centro histórico de Palma.
Una veintena de activistas de la entidad se concentraron ayer a partir de las nueve de la mañana frente al portal del número 2 de la calle del Forn del Vidre Vell, de donde iban a desahuciar a la familia. La comisión judicial tenía previsto comparecer a las 9.30 horas para ejecutar el lanzamiento. La empresa propietaria de toda la finca del piso lo había reclamado porque los inquilinos no habían pagado a tiempo algunas cuotas del alquiler.
Sin embargo, tras haber pedido hace semanas un aplazamiento ante el juzgado que iba a realizar el desahucio, finalmente ayer les concedieron una prórroga de un mes a los residentes de la vivienda afectada. El desahucio, por tanto, se hará efectivo en cuatro semanas. La familia tendrá este plazo adicional para encontrar un nuevo hogar.
Uno de los portavoces de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, denunció ante los medios que se trataba de "un desahucio escandaloso, exprés, de un alquiler, en invierno y con menores", ya que los dos hijos de la pareja tienen 10 y 11 años.
Los activistas bloquearon la entrada del portal para evitar que la comisión judicial -los funcionarios encargados de que se cumpla la orden de desahucio- entraran a la vivienda. Trabajadores de la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma también se personaron para presionar y solicitar el aplazamiento al juzgado.
Finalmente, el abogado del turno de oficio asignado a la plataforma, Juan Manuel Almendros, llegó con la buena noticia de que el desahucio se aplazaba. Los presentes recibieron la noticia entre aplausos y gritos de "la familia se queda".
"Lo hemos conseguido por concienciación de la Justicia. Se ha intentado llegar a un acuerdo previamente con la propiedad para poder continuar con el alquiler, pero no se ha podido conseguir porque el interés fundamental de ellos es echar a las personas que no están cumpliendo", declaró el abogado.
La plataforma Stop Desnonaments explicó que, en total, hay seis familias afectadas en el mismo bloque -un antiguo inmueble de protección oficial- por los procesos de desahucio exprés por impago de las cuotas de alquiler. Jacqueline, otra de las vecinas que quieren desahuciar, asegura que ya ha pagado (aunque con retraso) todas las cuotas que le pedían y, a pesar de todo, mantienen su petición de desahucio.
La plataforma antidesahucios sospecha que el interés oculto de la empresa propietaria es destinar toda la finca al alquiler turístico, un fenómeno que causa molestias a los residentes del centro histórico. "Eso es lo que se conoce como un proceso de gentrificación. Las viviendas que deben ser para los vecinos se están convirtiendo en hoteles", afirmó Manel V. Domènech, de la Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga.
