El titular del juzgado número tres de Palma, José Castro, alertó al Ayuntamiento sobre la presunta ilegalidad del denominado Plan de Ordenación Policial de 2012. La comunicación fue recibida una semana antes de que la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, decidiera remitir al juzgado de instrucción número 12, que investiga una presunta trama en la Policía Local con múltiples ramificaciones, la documentación que ponía de manifiesto que el 65% de la plantilla de la Policía Local realiza menos horas de trabajo que las legalmente establecidas.
Pastor reveló la comunicación del juez Castro en la comisión informativa realizada ayer a raíz de una propuesta presentada por el grupo municipal del PP, en la que se insta a que "cualquier modificación que se pretenda plantear en relación a la jornada laboral de la Policía Local se realice mediante los mecanismos de negociación colectiva establecidos en la normativa legal".
El enunciado de la proposición fue aprobado por unanimidad, aunque la concejala Pastor reiteró que el Plan de Ordenación aprobado en 2012 por los anteriores responsables municipales, que es el origen de la discrepancia horaria, podría tener visos de ilegalidad, derivados del hecho de que las compensaciones laborales pactadas en 2012 se aprobaron únicamente en el marco de las comisiones técnicas sectoriales y no fueron negociadas y ratificadas en la mesa general de negociación. Si ello es así, las compensaciones de jornadas que se han venido aplicando desde este año por trabajar en fines de semana, horario nocturno y otras, serían ilegales y de ahí la discrepancia horaria.
Tal como relató la concejala en comisión, esta cuestión se suscitó a raíz de una reclamación de cantidad realizada por el sindicato CSIF para el abono de horas realizadas presuntamente de más. Tal como es perceptivo, el jefe de la Policía Local, Josep Palouzié, realizó un informe en el que se concluía que, en realidad, el 65% de la plantilla realizaba menos horas que las legalmente establecidas, puesto que, entre otras cuestiones, no se podían tener en consideración las compensaciones horarias de jornada aprobadas de forma presuntamente irregular.
Según Pastor, la decisión de remitir toda esta documentación tanto a la fiscalía anticorrupción como al titular del juzgado número doce se adoptó porque, entre otras cuestiones, lo pedía el juez Castro a raíz de la investigación que estaba realizando su juzgado sobre el Plan de Ordenación aprobado en 2012, en la que llamó a declarar a la entonces teniente de alcalde de la Función Pública, Irene San Gil, y al anterior concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro.
A raíz de una proposición presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, Pastor se comprometió a buscar una solución para que los nueve agentes interinos que finalizan su contrato a finales de año puedan prorrogarlo de forma indefinida hasta que el Govern haya modificado con carácter urgente el sistema de acceso a la función pública de los policías locales. La concejal manifestó que en estos momentos el pleno podría incurrir en prevaricación.
