El Ayuntamiento de Palma realojará en los próximos meses a las 56 personas que viven en las quince viviendas de las 32 del denominado bloque VIII de la barriada de Corea. La junta de gobierno celebrada ayer aprobó el expediente de expropiación de este bloque para su posterior demolición y la conversión del solar que ocupa en un espacio libre público.

La portavoz del equipo de gobierno, Neus Truyol, explicó que la concejalía de Modelo de Ciudad tiene previsto reunirse la próxima semana con los propietarios y los inquilinos de las 15 viviendas de las 32 del bloque que aún están ocupadas con el fin de acordar el procedimiento para el realojo. El Ayuntamiento ya dispone de viviendas de su propiedad para realizar distintas permutas. El coste de la expropiación se ha fijado en 508.900 euros mientras que el de la demolición del edificio es de 147.400 euros.

Si bien ayer se dio por finalizado el expediente de expropiación de este bloque iniciado en 2014, se prevé que tanto el realojo como la posterior demolición del inmueble se realicen en los primeros meses del próximo año.

Tal como se indica en el plan de realojo aprobado también ayer, de las 32 viviendas existentes en el bloque solo 20 pertenecen a particulares o a empresas. Cinco son propiedad del Institut Balear de la Vivienda (IBAVI), que ya han sido abandonadas por sus inquilinos y otras siete, también vacías, pertenecen al Ayuntamiento de Palma.

Para determinar el derecho a realojo de cada familia residente en el bloque se han realizado una serie de visitas a por parte del Patronat Municipal de l'Habitatge y Rehabilitació de Barris y se han recogido una serie de datos.

Entre ellos la situación socioeconómica de la familia, si es propietario u ocupa la casa en alquiler, el número de miembros de la unidad familiar, la vigencia de las escrituras de propiedad o del contrato de alquiler, la existencia de hipotecas sobre los bienes afectados, el interés de las familias sobre si prefieren permutar su propiedad o acceder a una vivienda de alquiler social, y la preferencia de la ubicación de la nueva casa dentro o fuera del barrio.

En función de estas visitas y de los datos recabados y de la documentación aportada se ha comprobado que ocho familias prefieren permutar su actual vivienda en el bloque VIII por otra de propiedad municipal, mientras que en otros doce casos se ha optado por recibir la cantidad acordada en el justiprecio o bien por el acceso a una vivienda de alquiler social.

Las viviendas que van a ocupar las familias que van a ser desalojadas del bloque VIII están situadas en la calle Cotlliure, Aragó, Alfonso el Sabio, Infant Pagà, Can Fosser, Felip II y Juan de Austria.

Si bien el expediente de expropiación de este inmueble fue iniciado en 2014 por el anterior equipo de gobierno -que expropió y derribó el edificio colindante a éste para convertirlo también en espacio libre público-, el proyecto se había paralizado en parte por la existencia de una serie de informes técnicos contradictorios.

Por una parte, la jefe del servicio de la secretaria del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Concepción Clar Forteza, informó que la actuación propuesta necesitaba de un cambio de ordenación previo.

El jefe del departamento de Urbanismo y Vivienda, Jaume Horrach, informó que la expropiación no era contraria al Plan General ni la legalidad vigente puesto que se planteaba con el fin de "atender y solucionar un problema de infravivienda".