La policía lesbiana era consciente de que la denuncia que iba a presentar tendría consecuencias internas, aunque no sospechó que iban a ser tan graves, hasta el extremo de que entraran en su domicilio y le robaran. La mujer, en un acto de valentía, contó hace dos semanas todo el sufrimiento que había padecido por parte de sus dos compañeros, que no aceptaban que una mujer pudiera formar parte de esta unidad, hasta entonces formada solo por hombres.
Al concluir la declaración, la mujer expresó que se sentía amenazada. El fiscal Subirán reaccionó de inmediato y pidió al juez que ordenara la protección de esta testigo porque se temía que pudiera sufrir algún tipo de coacción. El juez Penalva coincidió con el fiscal y ese mismo día envió un oficio a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ordenando que ofrecieran un servicio de seguridad.
Según ha podido confirmar este periódico del entorno de la agente, de inmediato la Guardia Civil se puso en contacto con ella para organizar el servicio de seguridad, que se le ha estado proporcionando. Pero no ha ocurrido lo mismo con la Policía Nacional, que ha tardado dos semanas en cumplir la orden del juez, a pesar de que debía ofrecer protección inmediata a esta testigo, ya que se trata de una persona que reside en Palma y no en otra localidad, donde este tipo de servicio corresponde a la Guardia Civil.
Las autoridades judiciales tienen cumplida información de los actos de coacción que está sufriendo la funcionaria policial y a nadie ha extrañado que se vengan repitiendo. Desde que el juzgado y la fiscalía Anticorrupción iniciaron la investigación sobre la trama que se había organizado en la Policía Local de Palma, se han venido repitiendo casos de amenazas y coacciones a testigos del caso. De hecho, varios de los policías que venían siendo investigados han ingresado en prisión por amenazas.
