Las demandas de ayuda a la oficina antidesahucios de Cort han superado las previsiones del Ayuntamiento de Palma. Según un informe elaborado por el propio regidor de Urbanismo, Antoni Noguera (Més), "las ratios de atención a los usuarios por parte de los trabajadores sociales de la oficina duplican los previsos para los empleados de los centros municipales de bienestar social".
Actualmente en la oficina antidesahucios hay tres trabajadoras sociales que están atendiendo los casi 400 expedientes que están abiertos.
La junta de gobierno municipal aprobó ayer la contratación de otro trabajador social para atender el exceso de casos en marcha. El nuevo empleado será un refuerzo del servicio para el año 2017 y se sumará a los otros siete funcionarios que prestan sus servicios para la oficina antidesahucios.
Además de las trabajadoras sociales que prestan atención personalizada, hay dos auxiliares administrativos para atender al público, un jurista y un economista.
La junta de gobierno también aprobó ayer una prórroga del proyecto de la oficina antidesahucios durante un año más (hasta finales de 2017).
El argumento es que "las políticas de servicios sociales y vivivienda son insuficientes para dar una respuesta a los centenares de familias que necesitan un apoyo para volver a iniciar dignamente sus proyectos de vida", según la memoria firmada por el concejal Noguera.
La oficina antidesahucios presta asesoramiento jurídico gratuito a las familias que están inmersas en un proceso de desahucio. También presta ayuda de urgencia y asesora a las personas que se han quedado sin hogar para que encuentren un alquiler social.
Otra de sus funciones es la negociación con los juzgados antes de que se ejecuten el lanzamiento de los residentes en una vivienda para darles más tiempo o buscar una alternativa donde vivir.
Recientemente la oficina firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Balears para prestar asesoramiento legal los martes y jueves por la tarde en las dependencias de la oficina.
