La Audiencia de Palma ha decidido que el agente de la Policía Local de Palma, condenado a un año y tres meses por agredir a un detenido que estaba esposado a una silla, no ingrese en prisión. Pero a cambio de ello, el condenado, que ha sido expulsado del cuerpo policial, tendrá que someterse a un taller o curso de prevención y control de la agresividad, así como de la no discriminación. Al mismo tiempo, tendrá que realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante tres meses, con "el objetivo de hacer comprender al penado el valor constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". La Sala suspende durante cuatro años la orden de cumplir la condena, ratificada por el Supremo, y durante este tiempo el acusado no podrá ser condenado, ni cometer nuevos delitos. Si no cumple, ingresará en prisión.

A pesar de que la fiscalía se opuso a que se le otorgara la libertad condicional a este agente condenado, el tribunal ha tenido en cuenta varias circunstancias a su favor. Se ha valorado que está casado y es padre de dos niños pequeños, que paga una hipoteca y que acaba de encontrar un nuevo empleo. Además, ha indemnizado a la víctima y ha abonado las sanciones económicas.

El agente, además de esta agresión, también está implicado en la trama corrupta que salpica a la Policía Local, ya que se sospecha que logró ascender tras tener acceso previo al examen.

El pasado verano este policía, que había estado de baja médica durante meses, pidió el alta, para acto seguido presentar una solicitud de excedencia en el Ayuntamiento de Palma. La tramitó porque el Ayuntamiento de Pollença le había contratado como policía local. Hace pocas semanas se vio obligado a renunciar a la plaza provisional que había obtenido debido a que el Supremo acordó su suspensión como funcionario policial. Su contratación en Pollença provocó un auténtico escándalo político.