El Ayuntamiento de Palma destinará el próximo año 90.000 euros para la contratación de una serie de auditorías externas con el fin de realizar un control sobre los contratos de servicio sospechosos de irregularidades.

Se trata de una nueva partida incorporada a los presupuestos del próximo año como consecuencia de los casos de presunta corrupción detectados en contratos como el de la ORA, que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 12 de la ciudad, que ordenó una operación que se saldó con la detención de nueve funcionarios y un empresario.

En el pasado pleno municipal se aplazó la decisión de revisar los contratos públicos en vigor a la espera de una propuesta concreta que debía surgir de la concejalía de la Función Pública.

En el presupuesto de este departamento municipal se incorpora también una partida de 1.600.000 euros destinada a la contratación de nuevos funcionarios ya sea mediante la dotación de plazas vacantes o por creación de nuevas.

Según la directora general de la Función Pública, Joana Maria Adillón, que ayer compareció en comisión en sustitución de la teniente de alcalde del área Aurora Jhardi que se encontraba de viaje, estas contrataciones servirán para reforzar las áreas mermadas de personal por presuntos casos de corrupción, como la de Policía, Urbanismo, Movilidad y Contratación entre otras.

Si bien con la dotación presupuestaria prevista se podrían contratar a unos 30 funcionarios de máximo nivel, probablemente a lo largo del próximo año se incorporarán una quincena.

Adillón explicó que Función Pública contará con un presupuesto de 21 millones el próximo año, lo que supone un incremento del 8,1%, mientras que el departamento de Contratación disminuye su dotación hasta situarse en 13,1 millones.

La municipalización parcial del servicio de atención telefónica 010 supondrá un ahorro para las arcas municipales de unos 300.000 euros y no se descarta, según la directora general, reabrir alguna de las oficinas de atención al público cerradas en el pasado mandato. De los 7,7 millones de incremento de gastos de personal, 4,5 se destinan a la implantación de la carrera profesional.