Un alto funcionario del Ayuntamiento de Palma, jefe de la Sección de Multas de Cort, se encontraba de permiso retribuido durante el periodo de tramitación del contrato de la ORA. Y a pesar de ello, no solo formaba parte de la Mesa de Contratación, sino que también firmó, aunque teóricamente no podía, el expediente administrativo que permitió la elección de la oferta más cara de cuantas se presentaron a este concurso público. Este funcionario, que la semana pasada fue detenido y más tarde puesto en libertad, declaró ayer como imputado ante el juez Penalva y el fiscal Subirán. El trabajador público, que había pedido un permiso por el nacimiento de un hijo, reconoció que acudió a una reunión para rubricar su firma en la tramitación administrativa de este contrato. Debido a que no podía intervenir en este proceso, puesto que estaba de permiso, el funcionario reconoció ayer al juez que no fichó al llegar a la reunión. Aún así, señaló que estuvo presente en la reunión.

Sin embargo, los investigadores, que no tienen ninguna duda de que el contrato fue amañado, posiblemente a cambio del pago de comisiones, dudan que dicha reunión, con la presencia de los técnicos y los funcionarios, se llegara a celebrar. Más bien se sospecha que la mayoría de integrantes de la mesa de contratación se limitaron a firmar el expediente, sin haber estudiado las ofertas que se presentaban.

Por otra parte, el juez Penalva mantiene que por el amaño de la contratación de la ORA de Palma se habrían podido cometer hasta seis delitos distintos, según señaló en el auto que dictó la semana pasada por el que decretó el ingreso en prisión del empresario que firmó el contrato con Cort y el jefe del área de Mobilitat del Ayuntamiento de Palma. Ambos imputados continúan en la cárcel y no se prevé que salgan en los próximos días, al menos hasta que el juez haya terminado de tomar declaración a las personas que tienen algún tipo de relación con este contrato. El magistrado detalla que los delitos que se habrían podido cometer son los de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la administración, contra la hacienda pública y prevaricación. El auto judicial resalta, al margen de que el caso continúa bajo secreto, las numerosas pruebas testificales que ya se han practicado, así como los documentos que se han analizado, que llevan a la conclusión de que se han "apreciado numerosas y gravísimas irregularidades". Al mismo tiempo, señala el juez que los testigos, e incluso investigados, han confirmado que el contrato público impulsado desde Cort fue amañado.