Irene San Gil, la exconcejal de Funció Pública de Cort, detenida la pasada semana por su presunta relación con el amaño del concurso de la ORA, salió ayer muy satisfecha del despacho del juez Penalva. Motivos tenía para ello, puesto que el magistrado le anunció a su salida que quedaba desimputada de este caso. Su declaración, asistida por el abogado Miguel Arbona, fue lo suficientemente explícita para demostrar que ella no tuvo ninguna relación con la contratación de la empresa concesionaria del servicio de la ORA. Irene San Gil, formalmente, presidía la Mesa de Contratación, formada en su mayor parte por técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Palma, que se encargaron de estudiar, valorar y puntuar las diferentes ofertas que se presentaron para la concesión del control de la zona azul de Palma. La exconcejal, que vivió la desagradable experiencia que supone pasar varias horas detenida en la Jefatura de Policía, explicó al juez que nunca conoció los detalles de estas ofertas que se presentaron a dicho concurso y que se limitó a cumplir las indicaciones que le señalaron los técnicos. También declaró que ella no tenía sospechas de que detrás de este concurso se pudo pagar un soborno económico, como apuntan en estos momentos las investigaciones. La exconcejal de Palma, que en estos momentos no tiene ningún tipo de relación con el Ayuntamiento, afirmó que nunca conoció las propuestas económicas de las empresas.
