El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha abierto diligencias contra la exconcejal de Función Pública Irene San Gil y el de Seguridad Ciudadana Guillermo Navarro, junto a otros dos cargos, a raíz de la reestructuración llevada a cabo en el seno de la Policía Local que habría dado pie al supuesto amaño de las oposiciones en el cuerpo y a la trama de corrupción urdida a beneficio de determinados empresarios.
Así consta en el sumario de estas nuevas diligencias que investiga el germen del entramado materializado con la creación de ciertas unidades policiales cuyos integrantes "servían fines privados, políticos, particulares y alejados del servicio público", tal y como postula la acusación particular en este nuevo procedimiento judicial, ejercida por uno de los afectados por la reorganización del cuerpo.
En el marco de estas pesquisas declaró el pasado viernes un representante sindical que manifestó cómo la reestructuración, llevada a cabo de forma paulatina en 2011, provocó una división entre los policías, "haciendo policías de primera con mejoras económicas, y de segunda, a quienes les suponía un perjuicio".
El testigo llegó a señalar que "la gente tenía miedo a expresar las quejas que tenían", lo que a juicio de la acusación "no es baladí" puesto que "no son pocos los testigos protegidos" que, con motivo de las investigaciones abiertas en Instrucción 12, "han sido víctimas de sabotajes en su vivienda y vehículo y de amenazas, a la par que han sufrido acoso laboral y represalias, represiones y ataques a su dignidad y profesionalidad cuando comenzaron a denunciar estos hechos".
En un reciente escrito, la acusación particular, ejercida por el abogado Francisco José Pérez, pide se dé traslado de estas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para analizarlas y, en su caso, instar la unión de las mismas a las diligencias de Instrucción 12.
El letrado justifica su solicitud en el hecho de que en ambos procedimientos judiciales se investiga el entramado de corrupción creado dentro de la Policía Local y, además, se encuentran encausados San Gil, Navarro y otro de los investigados, el funcionario Juan García. El abogado subraya cómo en la causa que se encuentra en Instrucción 3 se halla "el germen de lo que llegaría, supuestamente, con posterioridad: el amaño de las oposiciones con los fines espurios y oscuros ampliamente difundidos".
Con ello, prosigue, "acólitos y afines" verían "asegurado su empleo al superar unas oposiciones de paripé, que estaban amañadas, y así se cerciorarían, tanto ellos como los políticos y empresarios investigados, de que la situación de beneficio de unos y otros no se alteraría aunque se alternase el partido político en el poder".
El presunto amaño en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en la Policía Local llevó a la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias del cuerpo.
Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación en torno a la supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma, con la connivencia de altos cargos políticos.
