Las últimas detenciones efectuadas por la Policía Nacional que han afectado a 9 funcionarios municipales -cuatro de ellos ya puestos en libertad sin cargos- han supuesto una estocada en el normal funcionamiento municipal en áreas clave como la de Movilidad y la de Contratación.
La desolación entre los responsables políticos de estos departamentos, el socialista Joan Ferrer y la teniente de alcalde de Som, Aurora Jhardi, es considerable, aunque se expresa de distinta forma.
Ferrer no se puso al teléfono el pasado lunes, aunque ayer por la mañana, cuando acudió al despacho del alcalde, José Hila, con el fin de ponerle al corriente de la situación creada en su departamento, tras insistir en que no haría comentarios, afirmó: "Voy a tener que pintar yo las rayas". Con esta afirmación ponía de relieve la orfandad en la que había quedado su concejalía, con tres de sus más altos funcionarios en el calabozo. La preocupación también se vive en el departamento de Contratación, que depende de la concejalía de la Función Pública, encargado, entre otras cuestiones, de calificar todos los contratos de servicios que tramitan todas las áreas municipales. La presumible imputación de dos de sus funcionarios de más alto rango, también puede dificultar negociaciones que se están llevando a cabo como la relativa a la modificación de la ordenanza de terrazas, entre otras.
Las detenciones del lunes pillaron al alcalde en Madrid asistiendo a la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias. A lo largo de la mañana de ayer Hila recibió en su despacho, juntos y por separado, a los responsables de las áreas más afectadas por las últimas detenciones y también a los portavoces de los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno: Antoni Noguera por Més, Antònia Martín en representación de Som y la concejala de Seguridad Ciudadana, la socialista, Angélica Pastor, que también es la portavoz del grupo municipal socialista.
También los papeles de la grúa
A las diez de la mañana la presencia de un coche policial camuflado en la plaza de Cort hizo saltar otra vez las alarmas ante otra posible "redada". Los inspectores se fueron de vacío, pero regresaron al poco rato y se llevaron el expediente de la grúa, un servicio adjudicado para cuatro años en 2010 a Dornier por 12,8 millones y que en estos momentos se encuentra en una situación de "prórroga de facto" y pendiente de convocar un nuevo concurso.
