La Policía detuvo ayer a trece personas, entre ellas dos exconcejales del PP de la época del alcalde Isern en el Ayuntamiento de Palma, acusados de amañar el contrato de adjudicación del servicio de la ORA, que explota una unión de tres empresas. Los dos exregidores detenidos, que anoche prestaron declaración ante la Policía, son Irene San Gil, exresponsable de Funció Pública de Cort, y Gabriel Vallejo, que gestionó el área de Mobilitat en la anterior legislatura municipal. Además de estos dos cargos políticos, que en estos momentos no están en el Ayuntamiento, también se detuvo a nueve funcionarios de Cort, que desarrollan su trabajo en distintos departamentos como son Mobilitat (incluido el servicio de multas), Contratació e Intervención.

San Gil fue detenida a media mañana en las dependencias del Govern y pasó todo el día en los calabozos de la Policía Nacional hasta que declaró, desde las ocho y media de la tarde hasta las once de la noche, acompañada de su abogado Miguel Arbona, y luego quedó en libertad. A su salida de la Jefatura, San Gil no hizo declaraciones y solo dedicó un lacónico "gracias" a los medios. Por su parte, Vallejo está arrestado en los calabozos de la Policía Nacional de la Playa de Palma.

Esta operación se desarrolla, bajo secreto, por orden del juez Manuel Penalva y está directamente relacionada con los descubrimientos que han ido apareciendo tras investigar la trama de la Policía Local. Estos nuevos datos han obligado al juez a abrir una pieza separada, que se centra únicamente en la adjudicación del concurso para la licitación y explotación del servicio de la ORA de Palma, que se aprobó en el año 2013 bajo el mandato del PP en el Ayuntamiento de Palma.

De los funcionarios arrestados, a los que habría que añadir varios empresarios, su relación con los hechos está directamente relacionada con su intervención en el proceso de valoración de las ofertas presentadas en este concurso público. El juez Penalva y el fiscal Subirán tienen fundadas sospechas de que detrás de este contrato se esconde el pago de comisiones ilegales. De hecho, como sospechosos figuran dos nombres de dos importantes políticos del PP que ya están implicados en el escándalo de la Policía Local, como son Álvaro Gijón y José María Rodríguez. Según apuntaron ayer fuentes de toda solvencia, se sospecha que han podido, presuntamente, beneficiarse económicamente de esta adjudicación municipal a través del cobro de comisiones, si bien ninguno de ellos fue ayer arrestado, aunque en círculos próximos a la investigación se da por seguro que en breve serán llamados a declarar en relación a este contrato oficial.

Mientras tanto, el Grupo de Blanqueo de la Policía, que desarrolla la investigación, procedió ayer tarde a tomar declaración a los arrestados. Por la mañana, los policías, evitando llamar la atención, se personaron en los diferentes departamentos municipales para proceder a los arrestos. Cuatro de estas detenciones se practicaron en el departamento de Mobilitat, cuya oficina está en el cuartel de San Fernando. También se arrestó a personal municipal de los departamentos de Contratació, que depende del área de Funció Pública, y de Intervenión, así como a una asesora jurídica de Urbanismo. Todos los trabajadores municipales, según apuntaron las mismas fuentes, habrían tenido algún tipo de participación en la mesa de contratación que creó el Ayuntamiento de Palma, para valorar las diferentes ofertas para adjudicarse el servicio de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), con un presupuesto de alrededor de 25 millones de euros. La oferta que finalmente ganó el concurso fue la que presentaron conjuntamente las empresas Dornier, API Movilidad y Roig Obres Serveis i Medi Ambient. Los técnicos eligieron este proyecto, a pesar de que había otras empresas que ofrecían un precio mucho más bajo para realizar este trabajo de control de aparcamientos.

Esta ronda de detenciones provocó ayer una gran conmoción, tanto en el grupo municipal del PP, como en la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Palma, por cuanto varios de los arrestados ocupan cargos de gran responsabilidad en los diferentes departamentos que son objeto de esta investigación.

La Policía, bajo la supervisión del juez Penalva y del fiscal Subirán, llevan semanas investigando toda la documentación con respecto a este proceso de adjudicación pública. Han detectado un gran desfase económico y existen sospechas de que, precisamente, este dinero se habría utilizado para camuflar el pago de comisiones. Estas sospechas, además, vendrían avaladas por la declaración de algunos testigos, de toda solvencia, que en las últimas semanas habrían decidido colaborar con los investigadores, aportando detalles del amaño de concursos públicos.

Aunque por la mañana se practicaron estas detenciones, la Policía no inició los interrogatorios hasta por la tarde. De hecho, al cierre de esta edición continuaban prestando declaración. No se descartaba que alguno de los sospechosos pudiera quedar en libertad provisional, a la espera de la llamada del juez para ser de nuevo interrogado.

Además, se espera que alguno de los detenidos agoten el plazo máximo de detención de 72 horas y que no pasen a disposición judicial hasta el jueves por la mañana.

Además de tomar declaración a los sospechosos, la Policía realizó ayer tarde un registro en la oficina de una de las empresas investigadas.