21 de octubre de 2016
21.10.2016
Corrupción en Cort

Ingresa en prisión el funcionario que eligió la oferta ganadora del contrato de la ORA

El juez también ordenó el traslado a la cárcel del empresario que controla el aparcamiento regulado de Palma - Ambos negaron el amaño del proyecto municipal, pero ninguno convenció a los investigadores que sospechan del pago de comisiones

21.10.2016 | 01:56
Ingresa en prisión el funcionario que eligió la oferta ganadora del contrato de la ORA

Libertad con cargos

  • El concejal Vallejo declara hoy ante el juez

    Tras pasar dos noches detenido en los calabozos de la Policía, Gabriel Vallejo, el exconcejal de Cort en el gobierno municipal que dirigía Mateu Isern, tendrá que declarar esta mañana ante el juez Penalva. La Policía lo detuvo el lunes y el miércoles, tras prestar declaración, lo dejó en libertad. Se le investiga debido que fue a través de su departamento desde donde se impulsó el contrato público sobre el servicio de la ORA. Vallejo, que en estos momentos está desvinculado del Ayuntamiento de Palma, afirmó que no sabía nada de las características de las ofertas que se presentaron para asumir este contrato. Dijo que fueron los técnicos municipales los que se encargaron de valorar las diferentes ofertas. También señaló que no conocía el presupuesto económico que había presentado cada una de las empresas interesadas.

Tras una maratoniana jornada de declaraciones, a última hora de la tarde de ayer el juez Penalva ordenó el ingreso en prisión del funcionario Miquel F., jefe del departamento de Mobilitat, que está acusado de amañar la contratación de la empresa que se encarga del control de la ORA. El magistrado también adoptó esta misma decisión con respecto al empresario Antoni R., representante de la UTE que ganó el concurso, del que se sospecha que obtuvo este proyecto tras abonar comisiones económicas a los políticos que tenían poder de decisión sobre este contrato. Esta medida de privación de libertad se adoptó a petición del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

De los doce detenidos en la primera fase de la operación, solo tres de ellos fueron presentados ayer por la Policía ante el juez que dirige esta investigación. Los otros sospechosos quedaron en libertad, a la espera de ser citados por el juzgado. Los imputados privados hasta ahora de libertad eran el empresario Antoni R. y los funcionarios Miquel F., jefe del departamento de Mobilitat, y Juan Carlos S., responsable del área de contratación del Ayuntamiento de Palma. Esta contratación, firmada en el año 2013, se impulsó desde ambos departamentos municipales. El jefe de contratación quedó en libertad con cargos, tras declarar durante más de una hora ante el juez. Dijo que nunca valoró las ofertas presentadas, labor que desarrollaron otros técnicos, y que la decisión de elegir el proyecto que ganó el concurso no fue suya.

Sin embargo, el otro funcionario, con más de 30 años de experiencia laboral, no convenció al juez, ni tampoco al fiscal. El trabajador municipal niega que el contrato haya sido amañado, como sospecha la Policía y que si se pagaron comisiones, no lo sabe, pero que en cualquier caso él no las cobró. Sin embargo, los investigados están convencidos del amaño, porque no entienden que los técnicos municipales pudieran elegir el proyecto más caro, cuando había otra oferta que presentaba mejores condiciones técnicas, como por ejemplo el cambio de las máquinas de los tiques, y además a un precio 3,1 millones de euros más barato.

El funcionario, defendido por el abogado Joan Pinya, insistió en que no ordenó el amaño del concurso e intentó convencer al juez de que él valoró las condiciones técnicas de la oferta, pero desconocía el aspecto económico que presentaba cada una de las propuestas. El empresario Antoni R. también negó el amaño de dicho concurso público, pero sobre todo rechaza que hubiera pagado un solo euro en comisiones a políticos del PP para conseguir este contrato.

También negó el empresario, que obtuvo este contrato municipal a través de una UTE con otras dos empresas, que fuera un "conseguidor" del Partido Popular, como creen los investigadores. De hecho, la Policía está convencida de que su presencia en esta unión de tres empresas fue impuesta por orden de los políticos para favorecer después la manipulación de esta contratación pública. La declaración de Antoni R., en la que estuvo asistido por el abogado Salvador Perera, tampoco convenció a los investigadores, porque negó la totalidad de las acusaciones que pesaban sobre él. Muestra de ello es que al concluir su declaración, que se prolongó durante casi tres horas, el fiscal Miguel Ángel Subirán solicitó el ingreso en prisión, no solo del empresario, sino también del alto cargo municipal. Esta petición fue atendida por el magistrado Manuel Penalva, que tampoco quedó convencido con las explicaciones de los dos detenidos.

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