12 de octubre de 2016
12.10.2016

Cort favorecerá a las empresas que respeten el salario mínimo y cuyos empleados sepan catalán

El Ayuntamiento incorpora cláusulas sociales para las compañías que quieran trabajar para la administración

12.10.2016 | 00:42

Crear trabajo de calidad con el dinero de todos. Ese es el objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno de Cort con las nuevas cláusulas sociales, medioambientales y lingüísticas que incluirá a partir de ahora en algunos contratos públicos y que deberán cumplir obligatoriamente las empresas que quieran trabajar con el Ayuntamiento de Palma.

Uno de los requisitos será que todas las empresas que contraten con Cort cumplan los convenios colectivos y que mantengan la plantilla adscrita mientras dure el contrato. También vigilarán que las empresas respeten las normas para dar empleo a personas con discapacidad o que no existan desigualdades salariales entre hombres y mujeres.

En el ámbito lingüístico, los trabajadores de las empresas que contrate Cort deberán saber catalán si han de estar de cara al público. La empresa contratista estará obligada a usar el catalán en la documentación que entregue al consistorio y en las comunicaciones públicas fruto del contrato. El PP de Palma criticó ayer estas normas y aseguró que se trata de un caso de "imposición y sectarismo lingüístico".

Además de los requisitos mínimos para contratar con Cort, el Ayuntamiento podrá valorar otros criterios sociales y medioambientales como plus para ganar el contrato. Contratar un mayor número de personas, dar trabajo a personas con dificultades para acceder al mercado laboral, priorizar el empleo femenino o usar productos de comercio justo serán algunas de las variables que se podrán incluir. Estos criterios representarán entre el 10% y el 20% de la adjudicación, en la que seguirá primando el precio del contrato.

Para garantizar que las empresas contratistas cumplen con las condiciones que han ofrecido, el Ayuntamiento deberá mejorar sus inspecciones. Para ello, se creará la comisión de seguimiento de los contratos públicos, en la que funcionarios, sindicatos y empresas del tercer sector velarán porque se desarrollen las condiciones pactadas. "Los medios inspectores harán ahora un trabajo real y efectivo", aseguró la concejala de Función Pública, Aurora Jhardi (Som), promotora de esta normativa.

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