29 de septiembre de 2016
29.09.2016

Respaldan la decisión de Pastor de suspender a un policía imputado

El agente presentó la baja tras el expediente disciplinario, pero después Cort se la aceptó

29.09.2016 | 02:45
Los jueces dan la razón a la concejal de Seguridad Ciudadana de Palma.

Competente para imponer medidas

  • El agente que fue expedientado puso en duda que Angélica Pastor tuviera atribuciones para imponer sanciones de suspensión de empleo y sueldo a los funcionarios policiales. Mantenía que esta atribución la tenía en exclusiva el departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Palma, que se encarga de la organización de los funcionarios. Esta situación ha sido analizada por el tribunal, que llega a la conclusión de que la concejal de Seguridad Ciudadana "resultaba competente" para la adopción de medidas cautelares en un procedimiento disciplinario. Sin embargo, la misma normativa atribuye al área de Funció Pública la competencia para imponer sanciones de tres a seis años de empleo y sueldo de un policía.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears se ha pronunciado, por primera vez, sobre el conflicto interno que mantiene la Policía Local de Palma con los agentes implicados en la trama corrupta. Los jueces ratifican la decisión que adoptó la regidora Angélica Pastor, que decidió suspender de empleo y sueldo a uno de los policías que fue detenido por corrupción. Una decisión interna que se adoptó minutos antes de que el policía presentara, como han hecho muchos de sus compañeros, un parte de baja médica. Pastor rechazó este documento, presentado fuera de plazo, porque defendía que el expediente se inició antes de que se firmara la baja médica.

Pero esta decisión de Pastor, ahora respaldada por los jueces, no fue después secundada por el Ayuntamiento de Palma. El departamento de Funció Pública, que dirigie la concejal Aurora Jardi, aceptó la baja de otro policía, a pesar de que la había presentado casi un mes después de que hubiera ingresado en prisión. Los funcionarios de este departamento establecieron que no había razones para no aceptar la baja. Esta decisión provocó una crisis interna en el gobierno municipal ante la discrepancia que mantienen los dos departamentos, dirigidos por partidos políticos distintos.

Para evitar un agravio comparativo entre los dos policías, la concejalía de Seguridad Ciudadana decidió aceptar la baja del primer agente, al que inicialmente se le había denegado. Angélica Pastor decidió asumir la decisión que se adoptó en Función Pública sobre el segundo agente, que era contraria a su criterio. El policía, que fue imputado por pedir dinero a los empresarios nocturnos, cobró incluso los atrasos por los meses en los que estuvo suspendido de empleo y sueldo.

La presentación de la baja médica ha sido una maniobra que han utilizado la mayor parte de los policías que fueron detenidos, o incluso enviados a prisión, por prácticas corruptas. La mayor parte de estos documentos oficiales los firmó el mismo médico de cabecera, que llegó a reconocer ante el juez que tramitó estas bajas sin haber visitado a los pacientes. De hecho, varios de estos policías consiguieron que se les reconociera la baja mientras estaban detenidos o, incluso, dentro de prisión. Con la tramitación de la baja se paraliza el expediente de suspensión y los agentes cobran el sueldo íntegro. El médico fue también imputado por falsedad.

El fiscal y el juez investigan las razones por las que el departamento de Funció Pública decidió aceptar la baja del policía, presentada con un mes de retraso, a pesar de que existía una anterior sentencia judicial que ratificaba la decisión que adoptó Angélica Pastor en un caso parecido.

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