La nueva defensora del ciudadano, Anna Moilanen, ha detectado deficiencias en la coordinación entre las áreas municipales que afectan negativamente a la resolución de los expedientes que se están tramitando y a la ciudadanía.

La defensora intervino por primera vez ayer ante la comisión del pleno desde su nombramiento y anunció que en la próxima sesión va realizar una serie e recomendaciones sobre las deficiencias detectadas en el funcionamiento de los servicios municipal a lo largo de los 57 días que han transcurrido desde su nombramiento. A la falta de coordinación entre áreas la titular de la oficina de la defensora del ciudadano, también ha constatado los recursos insuficientes que se destinan a algunos servicios, tanto materiales como humanos, lo que, en algunos casos, "bloquea la actividad municipal" y provoca que no se pueda dar la respuesta adecuada a los contribuyentes.

Al respecto, puso como ejemplo que no es de recibo que no se puedan realizar mediciones sonométricas a requerimiento de los ciudadanos por las molestias provocadas por bares y establecimientos de ocio porque los agentes encargados de realizarlas no disponen de los sonómetros adecuados. Por ello, instó al equipo de gobierno "ahora que están en proceso de elaboración de los presupuestos para el próximo año" a que se adopten las medidas necesarias para solventar esta situación.

Otra de las deficiencias que en próximas intervenciones se convertirán en recomendaciones consiste en la "falta de visibilidad de la planificación", lo que no permite a la ciudadanía observar la proyección del trabajo municipal, "que parece inmersa en la inmediatez". A su juicio, en general, las distintas áreas municipales realizan una planificación a muy corto plazo lo que no permite que los ciudadanos visualicen y reconozcan la labor que se realiza a medio y largo plazo. Emaya, según Moilanen, es una excepción en esta regla general, puesto que esta empresa sí compatibiliza las actuaciones concretas e inmediatas con una planificación a más largo plazo.

Otra cuestión que preocupa a la defensora de la ciudadanía consiste en la obsolescencia de la página webs municipal y su deficiente actualización. En algunos casos la información más actualizada data de 2012, lo que afecta a la imagen del Ayuntamiento además de no permitir a los ciudadanos acceder a una información actualizada.

Moilanen propuso también el cambio de nombre de la comisión del pleno ya que, de acuerdo con el reglamento, debería denominarse de Derechos de la Ciudadanía en lugar del nombre actual de comisión especial de Reclamaciones y Sugerencias. También propuso que la periodicidad de la celebración de la comisión, o al menos de su comparecencia ante ella, sea bimensual o trimestral en lugar de mensual, puesto que muchos expedientes se repiten.