El Ayuntamiento de Palma puede ordenar del desahucio de 42 de las 106 chabolas del poblado gitano de Son Banya. Ha ganado todos los recursos interpuestos por sus moradores e incluso ha solicitado en algunos casos la ejecución de la sentencia, que debería finalizar con el abandono de los ocupas de sus barracas y su posterior demolición.
No obstante, el alcalde de Palma, José Hila, advirtió ayer de que el desmantelamiento del poblado, un objetivo que el Ayuntamiento persigue desde hace varias legislaturas "es un proceso de años". De hecho, Hila explicó que las solicitudes de ejecución de sentencia formuladas por los servicios jurídicos municipales no tienen visos de ejecutarse de forma inmediata y que se han pedido con el objeto de que el proceso judicial seguido contra los moradores ilegales de estas 42 chabolas no caduque "y dentro de unos meses tengamos que empezar de nuevo el proceso judicial que ha tardado más de tres años". A finales del mandato de la alcaldesa socialista Aina Calvo, el entonces teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eberhard Grosske, inició el proceso de desahucio de estas 42 barracas de propiedad municipal, tras comprobar que sus ocupantes disponían de otra vivienda en la ciudad.
Paralelamente se pudo en marcha un complejo plan de erradicación del poblado que incluía ayudas para las familias de Son Banya no ligadas al narcotráfico que quisieran abandonar voluntariamente el poblado. Este proceso supuso entre 2009 y 2012 la ejecución de 17 realojos, que se sumaban a los 16 realizados con anterioridad a 2008 por distintos equipos municipales y con anteriores planes.
Cuando se realojaba una familia se procedía al derribo de la chabola que ocupaba hasta aquel momento. De esta forma se llegaron a derribar un total de 33 barracas como consecuencia de estos planes. Otra línea de trabajo consistía en determinar aquellas chabolas cuyos titulares disponían de una casa.
Paralización judicial
Se detectaron un total de 42 barracas cuyos titulares disponían de una o de varias casas fuera del poblado, por lo que, y dado que una de las condiciones de la cesión de la chabola incluía no disponer de ninguna otra vivienda, se procedió a iniciar 42 expedientes administrativos para proceder al desahucio de estas familias y, posteriormente, derribar las barracas que ocupaban ilegalmente. Este proceso se paralizó al menos tres años debido a los recursos judiciales interpuestos por los afectados, aunque todos han sido ganados por el Ayuntamiento. Mientras tanto, se procedió a derribar algunas de las chabolas del poblado que habían sido reconstruidas, así como la antigua escuela, además de la mansión que se había construido ilegalmente la narcotraficante Francisca Cortés La Paca.
A lo largo de este proceso el exteniente de alcalde Eberhard Grosske tuvo que disponer de protección policial tras las amenazas que sufrió contra su integridad física.
