El Partido Popular no tomará medidas, de momento, contra el diputado y edil del ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, hasta que éste haya declarado ante el juez que instruye el caso de presunta corrupción en la Policía Local de Palma. Los populares se niegan a pedir la dimisión a su compañero y apelan a la presunción de inocencia hasta que el juez se haya pronunciado. De esta forma lo explicó ayer el número dos de los populares de Balears, el secretario general Sebastià Sagreras.
El juez Manuel Penalva, que investiga el caso de corrupción de la Policía Local de Palma, ha citado a Alvaro Gijón en calidad de investigado (imputado) el próximo día 9 de este mes de septiembre, tal y como adelantó ayer este periódico. El magistrado le imputa presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
Pese a estas duras acusaciones contra el diputado autonómico y edil de Cort, el Partido Popular de Balears no quiere adelantar acontecimientos. "Creemos en la Justicia y como principio en la presunción de inocencia. Estamos convencidos de que Álvaro se podrá explicar", aseguró ayer el secretario general de los populares. Sebastià Sagreras admitió que había mantenido una conversación con el diputado y concejal Gijón sobre la llamada del juez Penalva. No obstante, no reveló ni en que tono se había desarrollado ni tampoco su contenido.
Desde el PP quieren esperar a ver si se toman medidas cautelares contra el parlamentario. Lo que ocurre es que este proceso puede prolongarse bastante, ya que la condición de aforado de Gijón juega a su favor. El juez Penalva, titular del juzgado de instrucción número 12, tiene la potestad de interrogar a los aforados como imputados, pero en caso que piense adoptar medidas más contundentes deberá pasar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por la condición de aforado del diputado autonómico.
Sagreras tampoco quiso pronunciarse sobre cómo actuará el PP en caso de que el juez decida elevar la causa al TSJB para que se dicten medidas cautelares: "Pronunciarme sobre esta cuestión significa adelantar acontecimientos que no se han producido y que a lo mejor no se producirán".
Condenar antes de hora
El número dos de los populares aprovechó la sentencia exculpatoria del alcalde de Bunyola, a raíz del accidente de un joven electrocutado en una farola del municipio, para pedir prudencia en el caso de Gijón. En este sentido indicó que "estos hechos demuestran que hasta que no se hace pública una sentencia no se puede condenar a nadie y, en este país, la Justicia todavía la dictan los tribunales".
Sobre las declaraciones del alcalde de Palma, José Hila, y el resto de formaciones de izquierdas pidiendo la dimisión de Gijón, Sagreras se mostró contundente: "Gijón es solo imputado y hay miembros del equipo de gobierno y del partido del alcalde que apoyan al Govern que también lo están. Pedir en casa del vecino lo que no hacen en su casa, creo que no son las formas más adecuadas", apostilló Sagreras.
No obstante, los investigadores sitúan en una difícil tesitura a Álvaro Gijón. El juez y el fiscal sospechan que una unidad de élite de la Policía Local, el Grupo de Actuación Preventiva (GAP), fue creado en 2006 para servir a los intereses del Partido Popular. En la edición de ayer de este periódico se revelaba que este grupo especial de élite se nutrió de agentes interinos y los investigadores creen que José María Rodríguez y Gijón los manejaban en la sombra.
