El juez Manuel Penalva dictó ayer sendos autos de alejamiento de dependencias policiales contra tres exjefes de las policías locales de Palma (Joan Mut y Antonio Morey) y Calvià (José Antonio Navarro). Los tres afectados están imputados en el voluminoso sumario contra los presuntos entramados de corrupción, o amparo de la misma, en los cuerpos policiales que dirigieron.

Mut, Morey y Navarro recogieron en persona en el juzgado de instrucción 12 los autos del juez Penalva, dictados a instancias del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.

El instructor dispone que Mut y Morey no pisen la sede central del cuerpo en Sant Ferran (Palma), ni tampoco otras instalaciones policiales. La orden de alejamiento se extiende a las dependencias de la regiduría de Seguridad Ciudadana de Cort. A Navarro se le impone idéntica medida cautelar, pero respecto a las instalaciones de la Policía Local de Calvià.

La drástica medida impedirá que los tres investigados (imputados) puedan desarrollar su trabajo. Contra los autos de alejamiento cabe recurso ante la Audiencia de Palma.

El pasado mes de febrero, Cort decidió abrir sendos expedientes disciplinarios y suspender de empleo y sueldo a Morey y Mut, que ocuparon durante algún tiempo el puesto de intendente jefe de la Policía Local. Los dos sancionados se incorporaron ayer a su trabajo en San Ferrán, donde después recibieron un aviso del juzgado para que acudieran a recoger los autos de alejamiento.

Escrito del Ayuntamiento

Mut y Morey volvieron ayer a Sant Ferrán tras cumplir seis meses de suspensión de empleo y sueldo. El Ayuntamiento informó el pasado viernes de su regreso al juzgado de instrucción 12 y advirtió de que esa novedad podía suponer un riesgo, dado que por su elevado rango podían entorpecer las investigaciones.

Antonio Morey realizó hace unos meses en Facebook unas polémicas manifestaciones contra el juez Penalva y el fiscal Subirán. El comisario salió en defensa de algunos de los supuestos implicados en la trama. Él está imputado en el sumario por supuesta omisión del deber de perseguir un delito.

"¿Acaso la prensa pondrá alguna vez en duda las noticias oficiales? ¿Será posible que algún día la Justicia aporte pruebas concluyentes e inequívocas de la culpabilidad de algunos? ¿Cuánto tiempo durará el secreto de sumario? ¿Y por qué? ¿Alguien pedirá responsabilidades políticas por la ineptitud y posicionamiento de ciertos personajes que sólo aspiran a darse publicidad?", fueron algunas de las reflexiones del mando policial.

Por su parte, Joan Mut está imputado por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones. Mut ocupó el puesto de jefe de la Policía Local para sustituir a Antoni Vera, que a su vez presentó la dimisión tras ser implicado en el presunto amaño de unas pruebas de ascenso.

El exintendente está siendo investigado por su actuación con respecto a un agente, Antonio Ramis, que fue uno de los policías que se atrevió a denunciar ante sus superiores a compañeros por prácticas corruptas. Ramis acabó expedientado y trasladado desde la unidad de élite de los GAP a otro destino peor retribuido.

Ramis mantuvo una conversación con Mut en la que éste, supuestamente, reconoció que le sancionó presionado por superiores políticos.

El exintendente, no obstante, no quiso aclarar a los investigadores durante su declaración judicial quién le presionó para que perjudicara a Ramis y amparara a dos oficiales de los GAP, uno de ellos militante del PP.

Por su parte, José Antonio Navarro sí que está acusado de obtener beneficios económicos mediante supuestas corruptelas policiales. Navarro estuvo en 2014 casi mes y medio en prisión acusado de formar parte de una trama policial que, supuestamente, se habría dedicado a beneficiar a un grupo de empresarios de Magaluf, en contra de los negocios competidores.

Sobre Navarro pesan dos acusaciones: el no investigar un presunto montaje policial para presionar a empresarios de la noche mediante la colocación de droga en un local y el cobrar comisiones de locales a los que prestaba clandestinamente servicios de gestoría laboral.