José María Rodríguez, el veterano dirigente del PP balear, negó ayer de manera taxativa todos los cargos que pesan sobre él en la presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma, pero salió del juzgado de instrucción 12 con una orden de alejamiento de las oficinas municipales policiales y de Actividades y Urbanismo. El juez Manuel Penalva y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán no quieren que Rodríguez presione a los imputados y testigos que le incriminan, entre ellos tres de los llamados "agentes honrados", a los que no podrá aproximarse tampoco.
La negación de todas las acusaciones por parte del exteniente de alcalde de Cort entre 1995 y 2003, período en el que dirigió la Policía Local e Infraestructuras y Mantenimiento, era algo esperado, máxime las declaraciones exculpatorias que ha realizado en las últimas semanas tras su imputación. Rodríguez también se preguntó, retóricamente, "por qué dirigen contra mí estas acusaciones, ya que he hecho un examen de mi vida y no sé por qué me imputan estos delitos y unos hechos concretos"
Lo que constituyó una sorpresa fue la solicitud del fiscal Miguel Ángel Subirán al instructor para que cite como encausado (investigado) al edil del PP Álvaro Gijón, una petición no atendida de momento por Penalva. Tampoco se esperaba la orden de alejamiento, una medida cautelar sí adoptada.
Subirán preguntó con insistencia a Rodríguez sobre la génesis y selección de componentes en 2006 de los Grupos de Actuación Preventiva (GAP), una unidad de élite que los investigadores sospechan se llenó de agentes afines al PP y fue utilizada para beneficiar a determinados empresarios del ocio de la Playa de Palma.
Era conseller de Interior
El declarante se desmarcó totalmente de esa unidad y recordó que en 2006 era conseller de Interior en un Govern de Jaume Matas. Juez y fiscal presumen que parte de los GAP se dedicaron en la Playa de Palma a hacer tareas de seguridad para negocios de empresarios que luego habrían pagado sobornos al PP, a Rodríguez o a Álvaro Gijón.
El exdelegado del Gobierno respondió que los GAP nacieron a instancias de Gijón, que en ese año era el concejal de Seguridad Ciudadana. Tal afirmación dio pie a Subirán a reclamar la imputación del concejal y diputado en el Parlament por el PP Álvaro Gijón.
El fiscal justificó su decisión en las sospechas de que Gijón pudo diseñar la unidad de élite y seleccionar a sus componentes no para favorecer el interés público, sino para beneficiar a los empresarios próximos al PP.
El juez Penalva ayer no decidió sobre la imputación del regidor conservador, que, en su condición de parlamentario, es aforado ante el TSJB. No obstante, los protocolos judiciales en Balears permiten a los jueces de instrucción interrogar en calidad de investigados a los aforados en una fase preliminar de las pesquisas. La instancia adecuada para procesar y enjuiciar a un diputado es el TSJB.
Subirán y el abogado Francisco Pérez, que representa a uno de los policías represaliados por denunciar prácticas corruptas de compañeros, reclamaron una orden de 300 metros de alejamiento de dependencias municipales de Seguridad Ciudadana y de Urbanismo y Licencias para Rodríguez.
Al expresidente del PP de Palma, muy tranquilo durante toda la declaración, se le ensombreció el rostro cuando las acusaciones pidieron esas medidas cautelares.
El juez sí decretó esa orden de alejamiento que se extendió también en relación a tres de los "agentes honrados" y un imputado, el exfuncionario de Actividades Pedro Torres. Tres de ellos señalan a Rodríguez como la persona que manejaba los GAP a su capricho y al margen de la cadena de mando y que enchufó a personas de su cuerda en unidades policiales y otros departamentos clave, como licencias y actividades, para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus enemigos.
El instructor situó la orden de alejamiento de Rodríguez en las presiones y amenazas que han sufrido algunos de los que han desvelado datos sobre el presunto entramado.
Sin presentaciones
El expresidente del PP de Palma no podrá, al menos mientras no acabe la instrucción de la causa, visitar sedes municipales de Policía, Actividades o Urbanismo, ni contactar con los tres testigos y el funcionario imputado.
Los fiscales también solicitaron que el exdiputado del Parlament tuviera que presentarse periódicamente en el juzgado para evitar su fuga, una medida cautelar que Manuel Penalva rechazó.
Rodríguez, defendido por José Manuel Madroñero Fernández, se habría servido para nutrir los GAP con policías afines al PP de Daniel Montesinos, un agente interino procedente de Manacor. Montesinos es considerado como un policía leal a Rodríguez y que seguía a ciegas las órdenes de éste, incluso desobedeciendo a sus superiores.
Ante el juez el exsecretario general del PP de Balears negó ser amigo de Montesinos y mucho menos haberle dado órdenes para captar a agentes de Manacor destinados en una sección de los GAP. Varios funcionarios han reconocido que se trasladaron desde Manacor a Palma a instancias de Montesinos, quien les pidió que se afiliaran al PP.
El exteniente de alcalde de Cort también fue interrogado sobre sus relaciones con otros policías implicados en la presunta trama, como los Tomás Mas, padre e hijo; Jaime Garau; Carlos Vallecillo y Sebastián Marqués.
José María Rodríguez se desvinculó de todos ellos y lo máximo que admitió es haber mantenido con ellos reuniones por temas sindicales o para diseñar el programa electoral del PP junto al candidato Mateo Isern.
