El Ayuntamiento de Palma decidió ayer suspender indefinidamente de empleo y sueldo a los exjefes de la Policía Local Joan Mut y Antonio Morey, sobre los que pesa una orden judicial de prohibición de acercarse a menos de 300 metros de una dependencia del cuerpo o de la concejalía de Seguridad.

Por otro lado, el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán interrogaron ayer al funcionario de Cort Pedro Torres, actualmente destinado en el Consell e imputado en la presunta trama de corrupción policial. Torres declaró dentro de la pieza que permanece secreta.

La edil de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, decidió ayer suspender de manera indefinida a los dos mandos policiales ante la imposibilidad de que puedan desarrollar sus funciones debido a la orden de alejamiento. Según fuentes municipales, la suspensión se deriva de la aplicación de la Ley de Coordinación de Policías y es similar a otras adoptadas respecto a algunos agentes del cuerpo que están en una situación igual a los exintendentes.

Joan Mut y Antonio Morey se incorporaron el lunes a sus puestos en el cuartel de Sant Ferran tras cumplir una separación del servicio cautelar de seis meses.

El Ayuntamiento alertó al juez Penalva de que su vuelta al trabajo podía perjudicar las investigaciones, ante el miedo de que por su elevado rango tratasen de influir en algunos subordinados. El fiscal Subirán pidió al juez que dictase orden de alejamiento de instalaciones policiales y de seguridad ciudadana para Mut y Morey, medida que también solicitó para el exjefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, imputado en otra parte del sumario.

El consistorio palmesano añadió que "no podrá modificar las medidas cautelares interpuestas (contra Mut y Morey) hasta que la fiscalía retire las suyas (la orden de alejamiento judicial), ya que los agentes no pueden realizar su trabajo con normalidad".

Por otro lado, Torres, asistido por Carlos Portalo, es el ingeniero que hizo una prueba de exceso de ruidos en un bar del testigo protegido Francisco Fernández Cortés, alias "El Ico". Torres, que estuvo en prisión por estos hechos, ha negado cualquier tipo de práctica corrupta.