La sociedad pública Palau de Congressos pide a la compañía hotelera Hotusa una fianza de cuatro millones de euros "por el gasto mensual que supone tener el recinto congresual cerrado y por el lucro cesante por no poder adjudicar y poner en marcha la infraestructura". El consejo de administración celebrado ayer adoptó esta decisión y solicitó al juez encargado del recurso de Hotusa que fije la citada fianza. No obstante, la presidenta de la sociedad pública, Joana Maria Adrover, espera que el proceso de licitación para gestionar el equipamiento no se demore aún más y el Palacio de Congresos pueda ser adjudicado el próximo noviembre, la última fecha que contemplan.

El organismo formado al 50% por Cort y el Govern entregó ayer las alegaciones al juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Palma en contra del recurso de la empresa Hoteles Unidos S.A. (Hotusa), que quiere poder seguir optando a la gestión del recinto de la fachada marítima de Llevant después de haber sido excluida. Según la mesa de contratación del concurso público, incumplió el "deber de secreto de la oferta", porque entregó un lápiz USB con documentación del concurso fuera del sobre correspondiente, cuando esta información de su propuesta tiene que entregarse en uno de los tres sobres cerrados que establece la ley.

Sin embargo, Hotusa cree que puede continuar compitiendo frente a las compañías Meliá y Barceló por la infraestructura de la primera línea, por lo que el martes presentó un recurso en contra de la decisión de Palau de Congressos S.A. de excluirle del concurso y pidió al juzgado que suspendiese la adjudicación de forma cautelar. De ahí la medida adoptada ayer por el consejo de administración referente a fijar una fianza de cuatro millones por daños y perjuicios. Ahora es el juez quien tiene que decidir si acepta paralizar el proceso de forma temporal y si establece la citada fianza millonaria.

Rechazo a Acciona

Otro de los puntos del orden del día de ayer hacía referencia a la reclamación de la constructora, Acciona, de 17 millones por los contratiempos y paralizaciones que han sufrido las obras. Tras "meses de reuniones entre los técnicos de Acciona, la dirección facultativa [del equipamiento] y los funcionarios de Palau de Congressos, donde han tratado todos los puntos de la petición", según dijo Adrover, la sociedad pública aprobó rechazar dicha reclamación, basándose en un informe técnico y jurídico que había solicitado. Sin embargo, dejó en la mesa para el próximo consejo de administración una posible penalización a Acciona por haberse retrasado más de dos meses en finalizar las obras. La multa prevista es de 20.000 euros por día de demora y Palau de Congressos calcula que han sido 73 días, por lo que la sanción podría ascender a 1,46 millones. Además, aprobó el proyecto de señalización del recinto.

La presidenta concluyó que el actual gobierno está "avanzando pese a todas las piedras que hay en el camino", en referencia a los últimos escollos, y reiteró que continúa la idea de adjudicar la infraestructura este año.